EU acusa al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte de Alfredo Díaz


Estados Unidos culpó al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte en prisión del exgobernador disidente Alfredo Díaz, lo cual la oposición venezolana y organizaciones internacionales de derechos humanos consideran una consecuencia directa de las extremas condiciones de detención bajo custodia estatal. 

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“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es una prueba más de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta de la red social X. 

La declaración se produce en un momento de creciente tensión por las posibles acciones de Washington contra Caracas tras su despliegue militar en el Caribe, aparentemente para combatir el narcotráfico, pero que el chavismo gobernante considera una “amenaza” para provocar un cambio de régimen. 

El ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela informó que el exgobernador del estado de Nueva Esparta falleció de un infarto, según informaron el sábado varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y partidos políticos. 

 X/ @WHAAsstSecty
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¿Quién fue Alfredo Díaz?

El político venezolano Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta y exalcalde de Porlamar, falleció tras pasar un año detenido en la cárcel de El Helicoide, en Caracas. Su partido, Acción Democrática (AD), denunció que su arresto fue “injusto” y que durante su reclusión no recibió la atención médica que necesitaba.

Díaz fue arrestado en noviembre de 2024, cuatro meses después de las elecciones presidenciales, mientras intentaba salir del país desde la ciudad de Ospino, en el estado Portuguesa. Según su familia, el dirigente permaneció casi incomunicado durante su detención, con solo algunas visitas esporádicas de su hija.

Su caso se suma a una larga lista de dirigentes opositores encarcelados tras la ola de detenciones ordenada por el chavismo en la segunda mitad del año pasado. El gobierno de Nicolás Maduro argumentó que los arrestos respondían a una supuesta conspiración para generar violencia tras los comicios presidenciales en los que fue declarado ganador. 

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, Díaz sería el décimo preso político que muere bajo custodia desde las elecciones de 2024. 

Alfredo Romero, director del Foro Penal, señaló que desde 2014 han fallecido 17 presos políticos en las cárceles venezolanas. 

Actualmente, según cifras de la ONG, hay 884 personas privadas de libertad por motivos políticos, la cifra más alta de América Latina.

Un líder moderado y popular en Margarita

Originario de la Isla de Margarita, Alfredo Díaz fue uno de los dirigentes más reconocidos de la oposición en el oriente del país. Casado y padre de dos hijos, estudió Administración de Empresas Turísticas en la Universidad de Oriente.

Su carrera política comenzó en el ámbito municipal: en 2008 fue electo alcalde de Porlamar por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró la reelección en 2013.

En 2017 ganó la gobernación de Nueva Esparta, en medio de un clima político tenso marcado por protestas contra el gobierno de Maduro y por la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que reemplazó en la práctica al Parlamento electo por mayoría opositora.

Moderado en su discurso y defensor de la vía electoral, Díaz aceptó juramentarse ante la Constituyente chavista —una exigencia impuesta por el oficialismo para permitir a los gobernadores asumir sus cargos—, decisión que le generó críticas dentro de su propio partido.

Durante su gestión mantuvo una relación institucional con el gobierno central, pero en 2024 volvió a alinearse con la oposición, participando activamente en la campaña presidencial, cuestionando los resultados electorales y exigiendo la publicación de los comprobantes de votación.

Su detención y posterior muerte reflejan la grave situación de derechos humanos en Venezuela, donde las organizaciones internacionales advierten sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política.

EE

Cortesía de El Informador



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