El próximo 14 de julio podría anunciarse la imposición de 20.91% de arancel al tomate, en caso de que se dé por concluído el acuerdo de suspensión que permitía la exportación desde 2019, pues el pasado 15 de abril, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer su intención de cancelarlo.
Entre los escenarios que se vislumbran están: una posible reducción de hasta en 25%, lo que podría provocar una caída abrupta en los precios de campo y poner en riesgo más de 100,000 empleos directos e indirectos en el país.
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Un segundo escenario, de acuerdo con Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA) podría ser lograr una negociación parcial que permita mantener algunas condiciones preferenciales, como cuotas específicas o acuerdos bilaterales temporales. Este esquema mitigaría parcialmente el impacto económico, aunque aumentaría los costos logísticos y operativos.
Finalmente, la renovación del acuerdo antes de su vencimiento, lo que garantiza continuidad en el comercio y certidumbre para los productores y compradores. Este escenario permitiría mantener la competitividad del tomate mexicano en Estados Unidos, su principal destino.
Juan Carlos Anaya, director general de GCMA comentó que “la posible imposición de un arancel del 20.91% no sólo distorsionaría las reglas del comercio bilateral, sino que también contravendría los principios de apertura y cooperación establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este tipo de medidas proteccionistas coyunturales debilitan la certidumbre jurídica para los productores, exportadores y consumidores en ambos países”.
Asimismo, destacó que el tomate es un producto perecedero y de primera necesidad, que abastece a millones de hogares estadounidenses y que depende de un flujo logístico continuo y sin trabas. “En este contexto, la interrupción del comercio afectaría no solo a productores mexicanos, sino también a importadores, minoristas y consumidores en Estados Unidos, donde los precios podrían aumentar y la disponibilidad reducirse”.
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Cabe señalar que la producción nacional de tomate rojo alcanzará 3.65 millones de toneladas métricas al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 1.1% respecto a 2024. Este aumento se atribuye a mejoras en el rendimiento por mayor adopción tecnológica, especialmente en cultivos bajo invernadero.
Por ello, Anaya hizo un llamado “urgente al diálogo bilateral, con base en los compromisos asumidos en el T-MEC, para renovar el acuerdo de suspensión antes del 14 de julio. Preservar el libre flujo comercial del tomate no es solo una necesidad sectorial, sino un objetivo común de interés económico, social y geoestratégico para América del Norte”, indicó.
Cortesía de El Economista
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