Estados Unidos ha emprendido un frente contra los cárteles mexicanos, pero ¿Eso significaría que podría atacarlos en territorio mexicano? Esto señalan los expertos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, notificó al Congreso que su país está involucrado en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles del narcotráfico, a los que calificó de “combatientes ilegales”; expertos como Jaime Ortiz, abogado internacionalista, dicen que al nombrarlos de esta forma, “aunque los primeros ataques se concentraron en el Caribe, la lógica de considerarlos así podría extenderse a organizaciones con base en territorio mexicano”. Además, alertan por las consecuencias de la decisión en el derecho internacional humanitario.
En el aviso, que se envió a varios comités del Congreso, lo que reportaron The New York Times, la agencia The Associated Press y Fox News, se añaden detalles a la justificación legal de la administración para justificar los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe.
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Ortiz añade a este medio “que lo que en apariencia comenzó como una serie de operaciones militares discretas en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico se ha transformado en un reajuste legal e institucional que redefine la relación del gobierno estadounidense con los cárteles y abre un debate inevitable sobre los límites del poder presidencial frente al Congreso”.
El memorándum al Congreso justificó el más reciente ataque divulgado a una lancha en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, en septiembre pasado.
“La comunidad de inteligencia estadounidense evaluó que el buque estaba afiliado a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que podrían utilizarse para asesinar a estadounidenses”, indicó el aviso. “Este ataque resultó en la destrucción del buque, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”, dijo el memorándum.
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León Krauze, periodista y columnista, posteó en X que “es importante recordar el derecho internacional [y la historia, sobre todo la conducta de EEUU en la guerra contra el terror]”.
“No existe la figura de combatiente ilegal”. O eres prisionero de guerra o eres civil, y en ambos casos tienes derechos. Inventar categorías intermedias abre vacíos legales peligrosos. A menos, claro, de que no nos importe el derecho internacional”, manifestó Krauze en X.
Guillermo Alberto Hidalgo, especialista en seguridad binacional, dijo a este medio que “más allá de los anuncios oficiales, existen operaciones que nunca serán reconocidas ni difundidas. Su carácter encubierto es parte de su naturaleza: acciones de inteligencia, infiltración y cooperación internacional que se desarrollan fuera del escrutinio mediático y que, por definición, no buscan aprobación pública; que eventualmente se llevan o se llevaran a cabo en territorio mexicano y donde haga falta”.
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Krauze concuerda en que “esto abre la puerta a ataques como los que se han visto en aguas internacionales y, por supuesto, la posibilidad de incursiones en territorio mexicano”. Además, “es la misma designación que Estados Unidos utilizó dentro de la llamada “guerra contra el terror” después de los atentados del 11 de septiembre, y se presta a una larga y alarmante lista de abusos”.
Ortiz cuestiona que “esto abre un dilema diplomático: ¿Podría Estados Unidos justificar incursiones militares transfronterizas sin autorización del gobierno mexicano, bajo el argumento de estar en guerra contra un enemigo armado? La presión para aceptar operaciones conjuntas o una cooperación más estrecha en materia de seguridad será inevitable, y con ello se tensará la relación bilateral”.
Y coincide en que “el reconocimiento de un conflicto armado contra cárteles introduce además una zona gris en el derecho internacional humanitario. Al aplicarles el marco de la guerra, EU difumina la frontera entre crimen organizado y conflicto armado, lo que podría sentar un precedente global: otros Estados podrían invocar la misma doctrina para enfrentar pandillas, insurgencias locales o incluso movimientos políticos armados. El riesgo es que la categoría de “enemigo armado” se convierta en un instrumento flexible para justificar la violencia de Estado más allá de los límites tradicionales”.
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Alberto Hidalgo destaca a este medio que “la estrategia apunta a golpear a los cárteles mexicanos que operan dentro de EU, sin afectar a actores internos estadounidenses; presionar a los cárteles asentados en México, Colombia y Venezuela; y, al mismo tiempo, utilizar esos movimientos para tejer vínculos indirectos con el gobierno de Nicolás Maduro y con redes criminales mexicanas, lo que permitiría a Washington ampliar su margen de maniobra en la región”.
Además, “por un lado, se busca reposicionar a Estados Unidos como actor central en la lucha contra el crimen organizado transnacional, con capacidad de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Por otro, existe un componente personal y político: Trump es consciente de que el tiempo juega en su contra y que su legado depende de acciones de gran impacto. En esa lógica, la confrontación con los cárteles no es sólo un tema de seguridad, sino también un proyecto de trascendencia política, diseñado para dejar una huella duradera en la narrativa de poder estadounidense”.
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OA
Cortesía de El Informador
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