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El fraude fiscal en México ya no se concentra únicamente en el mercado de combustibles. Documentos oficiales del gobierno federal, registros legislativos y estadísticas sectoriales muestran que prácticas de evasión fiscal y contrabando también afectan al azúcar de caña y a la producción de camarón, con impactos directos en la recaudación, la competencia económica y la estabilidad de cadenas productivas.
De acuerdo con información contenida en análisis institucionales, estas irregularidades se presentan principalmente en operaciones de comercio exterior, donde la clasificación arancelaria, la trazabilidad de las mercancías y la supervisión aduanera resultan determinantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Huachicol fiscal, antecedente documentado por el SAT y el Congreso
El contrabando técnico de combustibles, conocido como huachicol fiscal, ha sido documentado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por el Congreso de la Unión. Registros disponibles en el Sistema de Información Legislativa (SIL) señalan que estas prácticas consisten en declarar combustibles como otros productos para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del IVA.
De acuerdo con documentos turnados a comisiones de la Cámara de Diputados, este esquema motivó propuestas legislativas para reforzar controles volumétricos, mecanismos de marcaje y procesos de verificación en aduanas, ante el impacto detectado en la recaudación fiscal.
Azúcar de caña: producción a la baja y distorsiones del mercado
En el sector del azúcar de caña, datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) muestran una reducción en la producción nacional durante los últimos ciclos agrícolas. El volumen pasó de 6.1 millones de toneladas en el ciclo 2021/2022 a alrededor de 4.7 millones de toneladas en 2023/2024, principalmente por sequías recurrentes.
Esta información está documentada en el Balance Nacional de Azúcar, elaborado por el propio Conadesuca. El mismo reporte registra un incremento en las importaciones y una sobreoferta interna, factores que presionaron los precios al productor y redujeron la rentabilidad de los cañeros, en especial de los pequeños productores que concentran la mayor parte de las unidades productivas del país.
Análisis fiscales presentados ante la Cámara de Diputados, disponibles en la Gaceta Parlamentaria, advierten que parte del azúcar importada ingresa bajo fracciones arancelarias distintas, al declararse como “mezclas alimenticias”, lo que reduce la carga impositiva aplicable y genera distorsiones en el mercado formal.
Camarón: trazabilidad y presión sobre la producción nacional
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) señala en su Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca que el camarón concentra cerca del 40% del valor de la producción acuícola nacional, además de sostener decenas de miles de empleos directos e indirectos.
Sin embargo, exhortos y puntos de acuerdo presentados en el Senado de la República alertan sobre el ingreso irregular de camarón importado sin trazabilidad completa o con inconsistencias en el etiquetado de origen. De acuerdo con los documentos legislativos, estas prácticas presionan los precios internos y desplazan a productores nacionales, particularmente en entidades con alta concentración de granjas acuícolas.
Los registros oficiales también advierten riesgos económicos y sanitarios asociados a la falta de control aduanero, aunque hasta ahora no existe un informe gubernamental único que cuantifique el impacto fiscal total.
Respuesta institucional y revisión normativa
Ante este escenario, el Congreso de la Unión creó grupos de trabajo para revisar el Código Fiscal de la Federación y la legislación en materia de comercio exterior, con el objetivo de cerrar vacíos normativos que facilitan la evasión fiscal.
De acuerdo con los documentos oficiales, en este proceso participan dependencias como el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Marina, en coordinación con otras autoridades.
Los registros institucionales confirman que el fraude fiscal se ha extendido a sectores clave de la economía, más allá del energético, y representa un desafío estructural para la política fiscal, agroindustrial y pesquera del país.
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