Venezuela está a la expectativa ante el llamado a protestas opositoras y las denuncias sobre dirigentes y activistas detenidos, a dos días de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.
Desde la noche del martes se registró una ola de denuncias de detenciones, con al menos una decena de arrestos.
Figuran entre los capturados Carlos Correa, reconocido activista dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario en los comicios presidenciales que impugnó sin éxito ante la corte suprema la convalidación que hizo esa institución de la reelección de Maduro.
Antes, González Urrutia denunció el “secuestro” de su yerno, Rafael Tudares, cuando llevaba a sus hijos a la escuela.
La fiscalía de Venezuela, cercana al régimen, no se pronuncia aún sobre estos casos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la liberación de los detenidos políticos. “Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, publicó este miércoles en su cuenta de X.
Agregó que “solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas”.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró “profundamente preocupado” por estas “nuevas detenciones arbitrarias”.
El caso de Carlos Correa
Familiares, activistas de derechos humanos y representantes gremiales de la prensa exigieron este miércoles la “liberación inmediata” de Carlos Correa, director de la ONG promotora de la libertad de expresión Espacio Público, cuyo paradero es desconocido tras haber sido detenido la tarde del martes.
“A la salida de su oficina (en Caracas) fue interceptado por personas no identificadas, vestidas de negro, enmascaradas, en un carro sin placas”, relató Mabel Calderín, la esposa de Correa, antes de presentar ante los tribunales un recurso de habeas corpus. “Tengo derecho a saber dónde está mi esposo” y “exijo su libertad”, agregó.
Se declaró “muy preocupada” por la salud del activista, que sufre hipertensión y cumple tratamiento por problemas respiratorios.
Espacio Público, en un comunicado respaldado por más de 30 organizaciones de derechos humanos, calificó el arresto de “desaparición forzada”.
“Este mecanismo (la actuación de funcionarios encapuchados sin identificación) ha sido utilizado previamente por cuerpos de seguridad del Estado para detener de manera arbitraria y someter a desaparición forzada a personas defensoras de derechos humanos, relacionadas con la política o que puedan resultar críticas a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro”, indica el texto.
Espacio Público ha contabilizado más de 400 periódicos, radios y televisoras cerrados en más de dos décadas de gobiernos chavistas.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, se unió a los llamados por la liberación de Correa, a quien calificó como “un gran aliado” de los periodistas.
Venezuela está en el lugar 156 entre 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, únicamente por encima de Nicaragua (163) y Cuba (168) en América Latina.
La situación de Enrique Márquez
Enrique Márquez, candidato opositor minoritario en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, fue “detenido arbitrariamente”, denunció el miércoles una coalición política de la que forma parte y su esposa, que calificó la medida de “secuestro”.
“Informamos que el día de ayer, 07.01.25, fue detenido arbitrariamente Enrique Márquez”, indicó el Frente Democrático Popular (FDP).
“Fue secuestrado por grupos parapoliciales que, usando la fuerza como ley, pretenden callar e intimidar a quienes queremos un mejor país y tenemos una visión distinta”, dijo después su esposa, Sonia Lugo de Márquez, en la cuenta en X del dirigente.
Márquez fue directivo del Consejo Nacional Electoral entre 2021 y 2023 como representante de la oposición, y su candidatura en las elecciones del 28 de julio fue vista como una alternativa, un plan B, a una eventual inhabilitación del candidato mayoritario Edmundo González Urrutia, que hoy reclama el triunfo.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto y el resultado fue convalidado por la corte suprema.
El dirigente de 61 años entonces encabezó una cruzada contra ese fallo, con varios recursos que no prosperaron.
“Esta arremetida contra Enrique y nuestra familia se puede percibir como una acción más que vulnera los derechos humanos de tantos”, dijo Lugo. “Esto representa una peligrosa muestra del cierre total de la libertad en Venezuela”.
El FDP denunció también el “hostigamiento” al exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y la dirigente María Alejandra Díaz, ambos disidentes del chavismo.
En su último mensaje en X el martes, el opositor cuestionó el “amedrentamiento” a Barreto, que más temprano denunció que efectivos de inteligencia encapuchados y con armas largas se ubicaron frente a su residencia.
“La paz no se puede imponer por la fuerza, con amedrentamiento e ilegalidad. Cada paso que se da al margen de la Constitución, nos aleja de la paz”, señaló Márquez en el mensaje.
El dirigente de 61 años entonces encabezó una cruzada contra ese fallo, con varios recursos que no prosperaron.
“Esta arremetida contra Enrique y nuestra familia se puede percibir como una acción más que vulnera los derechos humanos de tantos”, dijo Lugo. “Esto representa una peligrosa muestra del cierre total de la libertad en Venezuela”.
El FDP denunció también el “hostigamiento” al exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y la dirigente María Alejandra Díaz, ambos disidentes del chavismo.
En su último mensaje en X el martes, el opositor cuestionó el “amedrentamiento” a Barreto, que más temprano denunció que efectivos de inteligencia encapuchados y con armas largas se ubicaron frente a su residencia.
“La paz no se puede imponer por la fuerza, con amedrentamiento e ilegalidad. Cada paso que se da al margen de la Constitución, nos aleja de la paz”, señaló Márquez en el mensaje.
Un alto funcionario del FBI
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que uno de los dos “mercenarios” estadounidenses detenidos en ese país es “un alto funcionario del FBI”.
Maduro aseguró el martes que siete “mercenarios” extranjeros, dos de Estados Unidos, dos de Colombia y tres de Ucrania, habían sido capturados en un complot por el que responsabiliza a Washington.
Los dos estadounidenses, aseguró ahora el mandatario izquierdista en un acto oficial, son “un alto funcionario del FBI y el otro un alto funcionario militar”.
De acuerdo con Maduro han sido capturados 125 extranjeros, de 25 nacionalidades, en “una agresión mercenaria extranjera financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”.
El gobernante venezolano se alista para su investidura de cara a un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031). Las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo de seguridad, con el despliegue de militares, policías y milicianos fuertemente armados.
Un complejo escenario
La oposición, liderada por María Corina Machado, acusa a Maduro de “robar” las elecciones del 28 de julio y llamó a movilizaciones para el jueves en todo el país a favor de Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en esos comicios.
La reelección de Maduro -proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- es cuestionada por la oposición, que sostiene que González Urrutia arrasó con más de 70% de los votos.
Presenta como prueba las actas que emitieron las máquinas de votación, que González Urrutia llevó en maleta a Panamá en su gira internacional, para que este país las custodie en la bóveda de su Banco Nacional. Autoridades venezolanas han tildado esos documentos de “forjados”.
“Son esas actas mi verdadera banda (presidencial)”, dijo el opositor en su discurso en una ceremonia en Ciudad de Panamá, donde firmó un documento de entrega junto al canciller Javier Martínez-Acha. Antes fue recibido por el presidente José Raúl Mulino.
Asilado en España desde septiembre, González Urrutia emprendió la semana pasada una gira que lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden.
Después de su escala en Panamá, parte a República Dominicana, donde sopesa tomar un avión a Caracas junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos que le apoyan con miras a asumir el poder en lugar de Maduro.
La reelección de Maduro desató protestas que en su momento se saldaron con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos, acusados de terrorismo y encerrados en prisiones de máxima seguridad. Tres de los arrestados murieron en prisión y unos 1.500 han sido excarcelados.
Cortesía de El Colombiano
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