Ciencias políticas es el nombre que se le da al estudio en teoría y práctica de los procesos que asignan el poder, la repartición de este entre distintas entidades y lo que denominamos gobierno. Dentro de este universo hay quienes enfocan sus estudios en las instituciones, las organizaciones y las creencias de la sociedad. Otros prefieren estudiar la interacción de los grupos de poder con los ciudadanos y otras entidades existentes en la sociedad.
Una parte importante de las ciencias políticas es observar, digerir y analizar las distintas ideologías que con el pasar de los años van surgiendo alrededor del planeta. Curiosamente, el fenómeno de creerse diferente o elegido por Dios es más común de lo que imaginamos. De esta manera, por ejemplo, Estados Unidos, a través de su destino manifiesto, ha llegado a pensarse como soldado de una misión divina que lo encomendaba a expandir su territorio desde su costa con el Océano Atlántico hasta llegar a la costa que da al Océano Pacífico.
Otra creencia estadounidense que presupone que el país ha sido tocado por un poder divino es la llamada excepcionalidad americana. Bajo este concepto se crea un dogma que insiste en el lugar único que Estados Unidos juega en la historia, pues gracias a sus valores, historia, instituciones y origen se ha formado una sociedad única cuyo rol es liderar el mundo, promover la democracia y defender la libertad. Valores que la distinguen del resto de los países del planeta.
Dicho de forma corta, es la creencia de pensarse diferente y superior a otras naciones, pues las reglas del juego que se aplican en otras fronteras no dirimen los mismos resultados en los Estados Unidos. Obviamente, una creencia digna de San Tomás Moro ha creado detractores muy disimiles en su óptica de lo que es el país norteamericano, entre estos se encuentran Howard Zinn, Samuel Huntington, Paul Kennedy, Edward Said y John Mearsheimer, entre otros.
Curiosamente, en México existe un fenómeno parecido, una excepcionalidad mexicana en el sector de las telecomunicaciones. Una creencia de que la realidad del país es tan distinta y compleja que hasta el momento no han podido aterrizar en el mercado entidades que puedan entender la esencia de esta industria e identificar los mayores deseos de los consumidores.
La historia del sector de telecomunicaciones mexicano, desde su liberalización, parece un cementerio de elefantes en el que entidades como Vodafone, Verizon, Leap Wireless, AT&T, MCI WorldCom, Nextel y Telefónica, entre otros, no han sabido competir para ganarse el apoyo de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Empresas que han logrado buenos resultados en mercados tan complejos como Estados Unidos, Brasil o la India no han logrado despegar en México.
Como es de esperarse, las respuestas a este fenómeno varían dependiendo de la persona a la cual vaya dirigida la pregunta. Para algunos, el presente no puede entenderse sin revisar la historia, aunque varíen en el número de años que decidan remontarse en el pasado. Por ejemplo, mientras algunos académicos identifican el modelo de privatización de Teléfonos de México sin que fuese dividido en distintas entidades como ya se había observado en Estados Unidos con la división de Ma Bell o como se discutía en ese momento en mercados como la Argentina.
Otros minimizan ese suceso y dan más fuerza al periodo de monopolio privado inmediatamente después de la privatización como el fenómeno que ha llevado a entes extranjeros a no lograr triunfar en México. Los alegatos de favoritismo frente a la competencia no solo se sitúan en el tiempo de monopolio privado, sino en normativas como el “retorno proporcional” y las limitaciones a la inversión extranjera como grandes obstáculos. Aunque un debate interesante sería ver si el mayor daño a operadores de larga distancia como Avantel surge del proteccionismo de estado o el papel que juega la evolución tecnológica con la proliferación de la voz sobre IP y el surgimiento de servicios de telefonía como Vonage que luego se masificaron en aplicaciones como Skype.
Evidentemente, no se puede tapar el sol con un dedo e ignorar otros factores como las malas decisiones estratégicas de algunos operadores. Quizás el mejor ejemplo fuese la negativa de un Iusacell en medio de los noventa renegando del modelo de facturación prepago porque no le interesaba ese tipo de usuario. Mientras el planeta marchaba hacia la adopción masiva de la telefonía celular por medio de servicios prepagos y el que llama paga, el principal competidor de Telcel hacía harakiri y se despedía de su rol de protagonista para – indistintamente del constante cambio en sus accionistas – ser un convidado de piedra en un juego donde su voz prácticamente era nula por su pequeño tamaño en el mercado.
Otro error que se puede identificar en el mercado es la arrogancia con la que algunas empresas aterrizaban en México. Algunas pensaban que solo con su marca, foránea y poco llamativa para muchos, se harían de clientes. Otras adoptaban estrategias centradas en la compra de usuarios con regalos de tiempo y dispositivos sin acompañar estas estrategias con programas de fidelidad que garantiza. Lo sucedido, a menor escala, fue una repetición del fracaso que experimentó el copiar y pegar de AOL en mercados como Brasil donde la entrega de CD para descarga de la aplicación con tiempo gratis motivo instalaciones y desinstalaciones continuas por usuarios interesados en el elemento de gratuidad. ¿Cuántos celulares gratuitos terminaron conectándose a la red de sus competidores? ¿Habrá aprendido CFE Internet algo de lo sucedido hace dos décadas en el mercado? El resultado de su estrategia de regalar SIM con tiempo aire gratuito parece indicar que no.
El pasar de los años fue una constante repetición de los mismos argumentos, por un lado, se acusaba al gobierno de preferencia y proteccionismo. El argumento en contra a esta aseveración se centraba (aún se centra) en la falta de interés en el país materializada en los pocos niveles de inversión de quienes entraban al mundo de las telecomunicaciones mexicanas. Desde la perspectiva que se mire, ambos argumentos resultaban reduccionistas y hasta simplistas.
El evento que parecía cambiaría toda esta historia fue la reforma constitucional de junio de 2013 que llevó a la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la red mayorista, actualmente conocida como Altán. La creación del concepto de preponderancia junto a reglas de regulación asimétrica incitó emociones exageradas alegando que finalmente el país contaba con un marco de telecomunicaciones moderno que seguramente impulsaría a la llegada de nuevos actores beneficiando a los consumidores.
No obstante, la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador daría paso al desmantelamiento de los logros de la reforma de telecomunicaciones. En lugar de tomar medidas que permitiesen en sano desarrollo del sector, el tema principal ha sido desmantelar las reformas constitucionales para crear un esquema de competencia carente de fuertes definiciones. De esta manera, luego de una campaña de acusaciones de fraude y malversación de fondos hacia México Conectado no hubo cargos criminales, no hubo acusaciones y no hubo progreso. Simplemente un cambio de nombre, que daría lugar a una CFE Internet para Todos como parte de una estrategia para reducir la brecha digital que en términos prácticos es heredada de la administración del presidente Enrique Peña Nieto pues coloca como hitos de conectividad los mismos objetivos que se asignaron a la red mayorista antes de su lanzamiento comercial bajo la marca Altán.
La derogación de la reforma en telecomunicaciones de 2013 solo ha servido para exacerbar una dolencia general de esta industria en México. Los síntomas no son nuevos y se observan con el retorno de concesiones de espectro radioeléctrico por parte de Telefónica y AT&T, además de la falta de interés por otros actores para hacerse de una licencia de este insumo para entrar al mercado a competir, aunque sea por medio de servicios fijos.
La presente muestra un mercado móvil donde tanto Telefónica como AT&T desean vender sus operaciones y dejar de ofrecer servicios localmente. Ambas empresas luego de haber invertido miles de millones de dólares y apenas lograr márgenes de utilidad de una sola cifra en pocos años de su presencia. Estos anuncios abren la puerta a numerosas preguntas, por ejemplo, ¿quién podría estar interesado en adquirir los activos de estos operadores? Lo anterior conociendo que nombres como Liberty o Millicom no se interesarían por entrar en un mercado tan complejo, maduro y costoso como el mexicano. Ante esta situación solo quedan operadores móviles virtuales como BAIT de Walmart, que según informes de prensa estaría interesado en Telefónica. Considerando que el operador móvil virtual (OMV) de Telefónica le compra capacidad a AT&T y la operación de Walmart se lo compra a Altán, una posible adquisición de Movistar por BAIT podría significar la pérdida de un cliente muy importante para AT&T.
Otra alternativa serían fondos de inversión adquiriendo las operaciones locales, aquí la dificultad podría ser negociar un precio que les sea aceptable. Finalmente, no se podría descartar que el estado adquiriese alguno (o ambos) de estos operadores para de esta forma cumplir con el deseo de nuevamente contar con un operador minorista del estado en México.
Lo que si queda claro es que, si AT&T y Telefónica se retiran de México, el país quedaría con dos operadores nacionales con concesiones de espectro radioeléctrico para ofrecer servicio celular pero solo uno de ellos, Telcel, podría dar servicio directo a los consumidores.
Contrario a lo que muchos puedan pensar, este escenario no sería idóneo para la empresa de América Móvil. Con competencia proveniente exclusivamente de OMV, el panorama de las telecomunicaciones móviles cambiaría de forma drástica, afectando la innovación tecnológica, el lanzamiento de nuevos servicios y la inversión. Sobre todo, en servicios rurales donde muy pocos OMV estarían dispuestos a ofrecer servicio y donde el gobierno podría obligar al preponderante (o dominante) a invertir en infraestructura.
Un primer escenario colocaría a Altán como motor de innovación a través de alianzas con OMV especializados en nichos como Internet de las cosas, redes privadas o servicios digitales integrados. Un poco difícil cuando la competencia ya cuenta con cobertura 5G permitiendo mejor desempeño que la red LTE Pro de Altán. Sin embargo, si el operador mayorista mantuviese tarifas competitivas y cobertura amplia, podría convertirse en un aliado clave para que pequeños operadores integren servicios móviles y empaqueten ofertas de diversos servicios, lo que fortalecería su propuesta comercial frente a Telcel.
Aunque, existen riesgos importantes. Si Altán no logra sostener inversiones y su red se estanca o degrada en calidad, los pequeños operadores quedarían con opciones muy limitadas para acceder a capacidad móvil o de transporte de datos, lo que los haría vulnerables a la presión comercial y técnica de Telcel. Si se llegase a este nivel de dependencia, se reducirían los márgenes de negociación y potencialmente se incrementarían los costos de operación. Obviamente esto no sería una buena noticia para Telcel como principal operador del mercado pues inmediatamente se escucharían los pedidos para implementar medidas de regulación asimétricas más estrictas. No importa que en este escenario gran parte de su dominancia se construya en la incapacidad de Altán y sus OMV de competir contra su innovación y economías de escala.
Sí es claro, como sacado de un texto de economía, es que, en un entorno con menor competencia estructural, la innovación tecnológica podría llegar más lento a las zonas rurales, lo que afectaría la calidad y velocidad de los servicios que los pequeños operadores pueden ofrecer. Se desincentivaría la adopción acelerada de tecnologías como 5G en redes autónomas y definitivamente se atrasaría la llegada del 6G (igual no hace falta a corto a mediano plazo), especialmente en zonas rurales donde el retorno de inversión es menor.
Como haría cualquier responsable de un negocio, Telcel concentraría la mayor parte de las inversiones, priorizando áreas de alto ingreso, mientras que Altán, limitado por su capacidad financiera, dependería de acuerdos con OMV, lo que limita su capacidad de impulsar innovaciones sustanciales. Posiblemente esto redundaría en un incremento en la base de usuarios de Telcel a costa de una reducción en la de los compradores de capacidad de Altán. Este escenario traería generaría nuevamente quejas antes la “ineficacia del gobierno” ante la creación de un monopolio de facto.
¿De quién es realmente la culpa? ¿cómo se resolvería la situación? ¿Cuál sería el costo político de hacerlo? ¿Estaría México mejor conectado? ¿Culparemos a las instituciones nuevamente?
Cortesía de El Economista
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