En las conversaciones de paz que sostienen el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo en Catar, han salido a la luz tres personajes que durante los últimos años permanecieron a la sombra y ahora actúan como voceros de la organización narcotraficante.
Se trata de Abimael Coneo Martínez, Jovany de Jesús Marín Zapata y Wilton Martínez Blandón, quienes figuran en los acuerdos preliminares de la mesa de diálogos sociojurídicos como “voceros no pertenecientes del EGC” (Ejército Gaitanista de Colombia, como también se denomina al Clan).
Sus firmas aparecieron el pasado 5 de diciembre en los documentos que tanto el grupo ilegal como el Gobierno publicaron, tras la segunda sesión oficial de conversaciones en la ciudad de Doha, y que versan sobre los eventuales pasos para el desarme y el protocolo para el monitoreo de lo pactado en la mesa.
¿Pero quiénes son estos personajes y cómo fue que llegaron a ser voceros en el Medio Oriente?
Abimael Coneo Martínez es conocido en el bajo mundo con el alias de “Torta”. De acuerdo con los registros policiales, en poder de EL COLOMBIANO, nació en La Dorada (Caldas) y fue líder sindical del municipio antioqueño de Chigorodó, donde ejerció como concejal entre los años 2000 y 2002.
Por sus habilidades comunicativas, el anterior comandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”), lo nombró cabecilla político de la organización, encargado de adoctrinar a los mandos medios con los estatutos internos.
“Torta” fue, además, el creador de un medio de comunicación dedicado a la difusión de las ideas del grupo, llamado “el Gaitanista”, que circuló entre 2013 y 2015 como periódico impreso y portal de internet.
Su plan era instalar la idea en la opinión pública de que esa estructura era “el tercer actor del conflicto armado en Colombia”, por lo cual el Estado debería darle un tratamiento político, distinto al asignado a una banda criminal.
Una de las tareas que le encomendó “Otoniel” fue liderar los acercamientos con el gobierno de Juan Manuel Santos, para tratar de colar al Clan del Golfo en las negociaciones de paz de La Habana con las Farc, y poder aspirar a los beneficios jurídicos y políticos que allí se estaban pactando.
Para eso, el jefe le entregó $50 millones para que contratara a un pool de abogados de Bogotá, quienes se encargarían de la estrategia judicial y de establecer los contactos con los congresistas Piedad Córdoba e Iván Cepeda, quienes eran en ese momento asesores de la mesa con la guerrilla en Cuba.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía capturó a Coneo Martínez en Bucaramanga, en febrero de 2015, lo que frustró esos planes. En su contra había un orden de arresto por concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas, delitos por los cuales fue enviado a la cárcel.
Tras pagar la condena y salir de la celda, permaneció en las sombras, sin volver a figurar en los organigramas del Clan del Golfo.
El segundo vocero es Jovany de Jesús Marín Zapata, quien se hizo conocido para la opinión pública durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006.
Marín fue vocero del bloque Cacique Nutibara de las AUC, a órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano (“don Berna”), el cual se desmovilizó en Medellín en 2003. Este proceso en particular fue cuestionado posteriormente por varios juzgados en sus sentencias, que ordenaron compulsar copias a la Fiscalía para investigar a los involucrados, alegando que más que un desarme, fue “una farsa” para engañar al país.
Luego, Marín fue asesor en la conformación de una asociación de reinsertados llamada Corporación Democracia, la cual canalizaría recursos y proyectos para los desmovilizados, pero cuando empezó una serie de asesinatos de los exmiembros del Cacique Nutibara, el otrora vocero tuvo que huir del Valle de Aburrá.
Se radicó en la subregión de Urabá, donde continuó su proceso de reinserción, participando en proyectos sociales y comunitarios en municipios como San Pedro y San Juan de Urabá.
Allí fue contactado por los delegados de “Torta”, y fue uno de los participantes de la iniciativa para concretar un puente hacia los diálogos de La Habana.
Aunque no lograron un puesto para uno de sus representantes en la mesa, como pretendían, los resultados de esa gestión quedaron consignados en el punto 3 de los Acuerdos de La Habana, específicamente en el parágrafo 3.4.13, titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan del Golfo.
El texto indica que “el Gobierno, en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, lo que le dio un empujón legal a las conversaciones con el cartel narcotraficante, bajo la idea de que se trata de un mandato de los Acuerdos.
El fruto se ha comenzado a percibir ahora en Catar, aunque “Otoniel”, quien impulsó esa jugada en el pasado, hoy está pagando 45 años de cárcel en Estados Unidos, por delitos asociados al narcotráfico.
En tercer vocero es el menos conocido de todos, Wilton Martínez Blandón. Al revisar sus antecedentes en la base de datos de la Procuraduría, no le figura ninguno asociado a su cédula de ciudadanía radicada en Necoclí (Antioquia).
En documentos judiciales aparece que hasta el año 2022 fungió como Inspector de Policía Rural en San Francisco, un caserío del municipio chocoano de Acandí, con playa en el Golfo de Urabá. Por ahora se desconoce cómo resultó con una vocería para el grupo ilegal.
Estas tres personas actúan bajo la coordinación de Luis Armando Pérez Castañeda (“Jerónimo” o “Bruno”), integrante del estado mayor de la organización, y quien hoy ocupa el lugar que antes tuvo “Torta” en la jefatura política del Clan.
El gobierno de Gustavo Petro suspendió la orden de captura en su contra, para que pudiera adelantar las gestiones relacionadas con los diálogos en Catar, en calidad de jefe negociador.
Hasta ahora, las partes han acordado crear zonas de ubicación temporal de combatientes en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá (Chocó), y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el 1° de marzo del próximo año.
La semana pasada anunciaron un mecanismo de monitoreo al proceso y la ampliación del número de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, según el texto firmado por los citados voceros.
Tales municipios son Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).
Cortesía de El Colombiano
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