El Gobierno federal estima que las renuncias recaudatorias sumarán 1.5 billones de pesos en 2025, equivalentes al 4.4% del PIB, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2024, este monto fue de 1.4 billones, o 4.1% del PIB, por lo que el espacio fiscal asociado a tratamientos preferenciales y exenciones mostró un incremento anual.
Estas renuncias son ingresos que el Estado decide no recaudar para apoyar a sectores de la economía o a contribuyentes mediante el propio sistema impositivo. En la práctica incluyen tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos y deducciones autorizadas, así como tratamientos y regímenes especiales. Entre los impuestos más involucrados están ISR, IVA, IEPS e ISAN.
Qué cambió en 2025 y por qué subió el monto
| Concepto | 2024 | 2025 | Factor que explica el cambio |
|---|---|---|---|
| Monto agregado de renuncias | 1.4 billones de pesos | 1.5 billones de pesos | Mayor uso de tratamientos preferenciales reportados por Hacienda |
| Proporción del PIB | 4.1% | 4.4% | Incremento relativo frente al tamaño de la economía |
| Exención de intereses en Siefores (personas físicas) | Menor base en recursos y rendimientos | Mayor por recursos acumulados y rendimientos reales | Más ahorro pensionario y mejor desempeño real de instrumentos |
| Estímulos a Fibras (construcción y adquisición) | Menor dinámica inmobiliaria | Más compras de inmuebles y mayor rendimiento por activo | Auge en activos de renta y mayor rendimiento unitario |
Cifras y factores conforme al informe “Renuncias Recaudatorias 2025” de la SHCP.
Qué significa para las finanzas públicas y para los contribuyentes
El monto estimado refleja apoyos tributarios indirectos que benefician a hogares, empresas y sectores completos. Para algunos analistas, ese volumen representa un potencial de ingresos si el Estado decidiera recortar tratamientos preferenciales; para otros, su eliminación tendría impactos sociales y productivos que conviene medir con cuidado.
“Estamos dejando de recaudar 4.4 por ciento del PIB; si el Gobierno decidiera cerrar esos huecos, tendría más dinero para gastar… y 4.4 por ciento del PIB es mucho dinero”, señaló Carlos Ramírez, socio codirector de Integralia. Al mismo tiempo, admitió que no es sencillo tocar apoyos sensibles, como los vinculados a consumo básico.
Qué incluyen las renuncias y dónde suelen concentrarse
- Impuestos generales: ISR, IVA, IEPS, ISAN, con esquemas de tasas preferenciales, exenciones y deducciones.
- Estímulos sectoriales: apoyos a ahorro para el retiro (p. ej., intereses exentos en Siefores) y a vehículos inmobiliarios como las Fibras.
- Facilidades administrativas y créditos fiscales que difieren o alivian pagos en contextos específicos.
Cuál es el dilema de política pública
El margen de 1.5 billones de pesos luce atractivo en un entorno de recursos escasos, pero cerrar renuncias conlleva costos. Un ajuste acelerado podría encarecer la canasta básica si se hiciesen cambios sobre tratamientos sensibles —por ejemplo, la discusión histórica sobre IVA en alimentos y medicinas—, o frenar la inversión en construcción y pensiones si se modifican estímulos sin transición.
La discusión técnica se centra en medir la eficacia de cada beneficio: qué apoyo logra su objetivo, qué tratamiento es regresivo, dónde hay duplicidades y en qué casos conviene rediseñar, focalizar o poner plazos para evitar que un incentivo temporal se vuelva permanente sin evaluación.
Claves para comprender su impacto en hogares y empresas
- Un recorte indiscriminado puede elevar precios o costos en cadenas sensibles; por eso se estudian rutas graduales y compensaciones focalizadas.
- Los estímulos bien diseñados deben demostrar resultados en inversión, empleo o bienestar; de lo contrario, se vuelven gasto tributario ineficiente.
- La transparencia exige reportes periódicos por tipo de renuncia, población beneficiada y costo-efectividad.
Preguntas frecuentes para el lector no especialista
¿Las renuncias son “condonaciones” de impuestos? No necesariamente. Muchas son exenciones o deducciones previstas en ley que aplican a grupos amplios, como el ahorro para el retiro o ciertos proyectos de inversión.
¿Se pueden eliminar de un año a otro? Legalmente es posible, pero en la práctica se requieren cambios normativos, análisis de impacto y, en su caso, periodos de transición para evitar choques sobre precios o inversión.
¿Quién gana y quién pierde si se recortan? Depende del beneficio en cuestión. Un rediseño puede mejorar la progresividad si protege apoyos sociales clave y reduce incentivos poco efectivos; la clave está en focalizar.
Te puede interesar
El SAT envía avisos de incumplimiento… ¡antes de que venza la fecha límite!
El SAT ya reconoce el “dinero móvil” como medio válido de pago deducible
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Cortesía de El Contribuyente
Dejanos un comentario: