Marlen Ángeles Tovar y Marhéc Delgado Padilla, juezas cesadas en sus funciones tras 22 y 20 años de servicio por declinar contender en las urnas en la pasada elección judicial y renunciar a mantenerse en el cargo hasta 2027, respectivamente, dijeron tener confianza en que serán indemnizadas al igual que aproximadamente 800 juzgadores en su misma situación, como ordena la Constitución y porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció ayer que así se hará porque se trata de derechos laborales.
“La verdad, nosotros, después de estar sin nada claro, empezamos a ver un poco de luz. Tenemos confianza porque partimos de la buena fe”, afirmó Ángeles Tovar, extitular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa.
Delgado Padilla, extitular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en Tabasco, con residencia en VIllahermosa, expresó: “La presidenta cambió hoy (ayer) su narrativa, no sé si a raíz de las protestas y presiones que hemos ejercido al Órgano de Administración Judicial (OAJ). Hoy ya fue contundente en decir que sí se va a realizar ese pago. Con lo que dijo hoy, adopto, de buena fe, la posición de creerle a partir de hoy”.
Y es que, a pregunta expresa sobre si ya está autorizado el presupuesto para pagar indemnizaciones a los extrabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), la mandataria mexicana respondió que sí.
“Son cerca de 6,000 millones de pesos, que siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial.
Entrevistadas por separado, las dos juezas aseguraron que no han calculado el monto de lo que les corresponde por pago de indemnización.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, que representa a menos de 2,000 de los 34,000 trabajadores judiciales sindicalizados, la mayoría agrupados en el Sindicato de Trabajadores del PJF, anunció para hoy “la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país”.
Ello, en protesta por “la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios que fueron electos por voto popular”, entre otros temas.
Cortesía de El Economista
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