El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un nuevo organismo encargado de diseñar una reforma legislativa que modernice el sistema electoral del país. Sin embargo, expertos ven una estrategia para legitimar una reforma ya definida y de corte regresivo.
La nueva instancia tendrá dos tareas fundamentales: por un lado, realizar un diagnóstico exhaustivo del modelo electoral y del sistema de partidos; por otro, formular una propuesta de reforma que, en palabras del gobierno, “ponga en el centro la democracia y al pueblo”.
Además, se precisó que la comisión será dirigida por Pablo Gómez Álvarez, quien era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
También, se explicó que en los próximos días, la mandataria mexicana dará a conocer al resto de los integrantes de la comisión, que trabajará de manera coordinada con legisladores, académicos, organizaciones civiles, expertos y ciudadanos.
“Sin apertura”
En este sentido especialistas consultados por El Economista coincidieron en que la creación de la comisión encabezada por Gómez Álvarez no representa una señal de apertura o construcción de una iniciativa plural.
Arturo Espinosa Silis, el director del Laboratorio Electoral, advirtió que “cuando se crea una comisión así, en realidad lo que quieren es legitimar decisiones ya tomadas. Si no hay condiciones mínimas de consenso, cualquier reforma nace muerta y lo único que logra es generar inestabilidad y desconfianza en el sistema electoral. Y eso, Morena lo sabe y no le conviene”, dijo.
Desde su perspectiva, lo más probable es que se repita la estrategia parlamentaria que el oficialismo ha utilizado en otras reformas constitucionales: el uso de su mayoría legislativa sin buscar consensos.
“Quieren consolidar un nuevo partido hegemónico al estilo del PRI de los años sesenta”, advirtió.
Sobre el perfil de quien encabezará el grupo de trabajo, opinó: “Poner a Pablo Gómez —una figura radical, con antecedentes claros de confrontación con la autoridad electoral— solo envía la señal de que se retomarán las propuestas más duras del llamado “plan A” y “B” de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de desmantelar al árbitro electoral”.
Critican pasividad
Por su parte, el exconsejero del INE, Marco Baños, advirtió que “dentro de esas propuestas hay aspectos que generan preocupación, como la desaparición de los Organismos Públicos Locales (Oples), la concentración de elecciones en una sola instancia y la eliminación de la representación proporcional tal como la conocemos”, comentó el experto.
También criticó la pasividad de los partidos opositores ante el anuncio de la reforma, comparándola con su falta de reacción en otros temas relevantes. En su opinión, la prioridad de una reforma genuina debe ser fortalecer la autonomía del INE y los órganos locales.
Luis Carlos Ugalde, exconsejero del IFE, afirmó que es temprano para definir el alcance de la reforma, pero el nombramiento de Gómez —autor de aquella iniciativa— es una señal clara de continuidad con las propuestas más radicales del obradorismo.
“La señal que manda es que va en el mismo sentido: elegir a los consejeros electorales por voto popular, desaparecer los plurinominales, desmontar la estructura profesional del INE y fusionar los órganos locales en un solo Instituto Nacional Electoral”, explicó.
Consultado sobre los posibles efectos institucionales de una reforma sin matices, Ugalde advirtió de tres consecuencias graves: “Si eliges a los consejeros del INE por voto popular, vas a politizarlos, vas a disminuir su experiencia y vas a capturarlos. Si desmontas al Instituto, disminuirás la calidad y la integridad de las elecciones. Y si eliminas los plurinominales, reducirás la pluralidad en el Congreso”.
Cortesía de El Economista
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