El Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado en 2013 como órgano autónomo para supervisar al sector de la conectividad, tiene fecha de extinción. Según un reporte de Expansión, a más tardar el 15 de septiembre el regulador dejará de existir para dar paso a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un nuevo ente adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El problema es que, a pocos días del cambio, la CRT aún no cuenta con comisionados ratificados ni con procesos claros de selección. El cierre del IFT avanza con prisa, su personal ya recibió notificaciones sobre liquidaciones, devolución de equipos y entrega de información institucional, mientras que las presiones internas adelantaron un calendario que originalmente se preveía hasta octubre.
Una reforma constitucional que rediseña el mapa de la competencia y la conectividad en México
Desde diciembre de 2024, el Ejecutivo impulsó una reforma constitucional al artículo 28, mediante la cual se extinguieron siete órganos autónomos, incluido el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica. Las funciones de ambos pasarán a nuevas autoridades bajo el paraguas del Ejecutivo, aunque con independencia técnica en teoría.
En julio de 2025, el Congreso aprobó reformas secundarias a la Ley Federal de Competencia Económica. Según Hogan Lovells, estas modificaciones consolidan una nueva Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) para vigilar prácticas de competencia, mientras que la CRT se encargará de telecomunicaciones en coordinación con la ATDT.
Por primera vez en más de una década, México dejará de tener un regulador autónomo en telecomunicaciones, lo que cambia el equilibrio entre gobierno, empresas y usuarios.
El nuevo regulador: menos filtros técnicos y más control político en los nombramientos
Uno de los puntos que más inquieta a expertos es cómo se integrará la CRT. Según Expansión, los nuevos comisionados no serán evaluados mediante exámenes técnicos como ocurría con el IFT. Bastará con acreditar tres años de experiencia en el sector para ser considerados, lo que elimina los filtros creados en 2013 para asegurar perfiles especializados.
Mony de Swan, expresidente de Cofetel, advirtió que esa falta de rigor puede pasar factura pronto, pues un regulador sin bases técnicas sólidas puede comprometer la calidad de las decisiones que afectan a millones de usuarios.
El riesgo no es solo técnico. A diferencia del IFT, que era autónomo, la CRT dependerá directamente del Ejecutivo. Según Alto Nivel, los comisionados podrán ser removidos por decisión presidencial, lo que genera dudas sobre su independencia frente a presiones políticas y empresariales.
¿Qué pasará con los trabajadores, los sistemas y los usuarios de telecomunicaciones?
El IFT cuenta con alrededor de 1,400 trabajadores, muchos de ellos con alta especialización en derecho, economía e ingeniería. No todos serán absorbidos por la nueva estructura: gran parte recibirá liquidaciones con cargo al presupuesto y al fideicomiso de infraestructura del propio IFT.
En cuanto a bienes y sistemas, la CRT heredará inmuebles, bases de datos, registros y plataformas como el Banco de Información de Telecomunicaciones, pieza clave para la transparencia del sector. El reto será garantizar la continuidad de estos servicios sin que haya interrupciones.
Para los usuarios de internet, telefonía y televisión, el cambio debería ser invisible en el corto plazo. Pero especialistas alertan sobre vacíos regulatorios en temas críticos como concesiones de espectro, disputas entre operadores o la supervisión de preponderantes como Telcel y Televisa.
Durante más de una década, el IFT fue un árbitro clave en la industria que hoy representa el 1.6% del PIB nacional. Supervisó licitaciones de espectro, impuso medidas a agentes dominantes y abrió camino a mayor competencia en telefonía móvil y televisión.
Cortesía de Xataka
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