La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aclaró que la reserva de la carpeta de investigación sobre el accidente de una pipa de gas ocurrido el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa responde a una obligación legal, y no a un intento de ocultar información.
Alcalde Luján explicó que la respuesta a una solicitud de transparencia hecha por una organización civil, que pedía acceso a videos y registros del caso, se emitió conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que considera reservada toda información contenida en una carpeta de investigación.
“Estamos obligados por la ley; el propio Código Nacional nos establece que los registros de las carpetas son reservados y que únicamente las partes, es decir, la víctima o el imputado, pueden tener acceso”, señaló la fiscal.
Detalló que la reserva de tres años señalada en la respuesta es el plazo estándar que se aplica en todos los casos, conforme al artículo 171 de la Ley de Transparencia. Subrayó que esto no significa que la investigación durará tres años, ni que la Fiscalía pretenda ocultar información.
La titular de la FGJCDMX anunció que el viernes 10 de octubre se llevará a cabo una conferencia de prensa para informar los primeros resultados de las indagatorias, acompañada por peritos de la institución, y garantizó que se hará sin vulnerar el debido proceso.
La Fiscalía capitalina reiteró que los registros de cualquier carpeta en curso son de carácter reservado, de acuerdo con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que está impedida a entregarlos a terceros mientras las investigaciones estén en desarrollo.
El documento precisa que esta práctica no es exclusiva del caso Iztapalapa, sino que se aplica de forma general a todas las indagatorias por la probable comisión de delitos.
“La Fiscalía CDMX está determinada a actuar con transparencia y a dar a conocer toda la información, incluidos videos, cuya difusión no interfiera con el desarrollo de la investigación”, indicó la institución.
La dependencia reiteró su compromiso con el derecho a la información y la rendición de cuentas, siempre dentro del marco jurídico que garantiza investigaciones sólidas y justicia para las víctimas.
CS
Cortesía de El Heraldo de México
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