El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, logró este martes alejar la caída del gobierno y el agravamiento de la crisis política, al proponer la suspensión hasta 2028 de una de las principales leyes del presidente Emmanuel Macron: su impopular reforma de las pensiones, para mantener su continuidad en el cargo. También propuso aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo.
La suspensión de la reforma de las pensiones era una línea roja de la oposición socialista para no censurar al tercer primer ministro en menos de un año. Así, los ciudadanos van a poder seguir jubilándose al llegar a los 62 años y nueve meses, y no a partir de 64 años, como estaba previsto con la reforma. Sin embargo, según reconoció el propio Lecornu, la medida tendrá un costo: será de 400 millones de euros en 2026, que pasarán a ser 1.800 millones en 2027.
El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde su adopción en 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista. La izquierda hizo campaña por su derogación durante las legislativas anticipadas de 2024, que provocaron la crisis política actual al dejar una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha. Desde entonces, el Parlamento tumbó dos gobiernos de Macron y el propio Lecornu, uno de sus hombres de confianza, tiró la toalla la semana pasada por desavenencias con un socio de gobierno antes de aceptar de nuevo ser primer ministro.
La presión opositora
El líder parlamentario socialista, Boris Vallaud, respondió favorablemente. “Somos capaces de llegar a compromisos, lo hemos demostrado. Somos capaces de tumbar un gobierno, lo hemos hecho dos veces. Nuestra única guía es el interés del país y de los franceses”, advirtió. Más tarde, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, pidió a sus diputados que respeten la decisión casi unánime del grupo de no censurar a Lecornu el jueves próximo, cuando se traten las mociones de censura. “Cuando hay una votación y es casi unánime, debe ser respetada”, dijo Faure en la cadena local TF1.
El líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, definió a Lecornu como un rehén de los socialistas. “Con esta decisión incomprensible, nos conduce directamente al muro de la crisis financiera”, lamentó en un comunicado. Aunque los sindicatos y la izquierda celebraron una “primera victoria” que debe llevar a la derogación, uno de los líderes de izquierda radical, Manuel Bompard, instó a los socialistas a tumbar el gobierno. Los ecologistas también censurarán. Macron siempre rechazó dar marcha atrás a su reforma y advirtió recientemente que si el gobierno caía, convocaría nuevas legislativas anticipadas. El partido ultraderechista de Marine Le Pen lidera los sondeos de la primera vuelta.
Impuestos a los ricos
Bajo presión, el jefe de gobierno también propuso aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo. En el proyecto de presupuestos para 2026 presentado este martes, el Ejecutivo ha diseñado dos nuevos dispositivos fiscales para las grandes fortunas de los que se esperan 2.500 millones de euros, el primero un impuesto sobre el patrimonio financiero que gravará los bienes no profesionales integrados en los holdings familiares.
Con ese instrumento, del que el Ejecutivo confía en recaudar unos 1.000 millones de euros, se busca contrarrestar el uso de esos holdings, concebidos inicialmente para salvaguardar las empresas familiares, como instrumentos de optimización fiscal aprovechando las exenciones a los activos profesionales. Además, estarán sometidos a un impuesto excepcional aquellos que ganan más de 250.000 euros anuales, con un tipo impositivo del 3 o el 4 %, con el objetivo de que en conjunto su nivel impositivo sea como mínimo del 20 %. En paralelo, el año próximo se va a prolongar la llamada contribución excepcional dirigida a las grandes empresas con beneficios que facturan más de 1.000 millones de euros (unas 450 en total).
Todos esos mecanismos que figuran en el proyecto de presupuestos bajo el nombre de “esfuerzo de justicia fiscal” responde también a las condiciones que le ha puesto el Partido Socialista para renunciar a una censura inmediata y acceder a un debate parlamentario. Dicho partido, como toda la izquierda, defiende la puesta en marcha del llamado “impuesto Zucman” que gravaría con un 2 % todos los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que en Francia son unos 1.800. El promotor de esa idea, el economista Gabriel Zucman, afirma que se podrían recaudar así unos 20.000 millones de euros al año.
En el proyecto de presupuestos que ha enviado al Parlamento, el Ejecutivo contempla reducir el déficit público al 4,7 % del producto bruto interno (PBI) en 2026 después del pico del 5,8 % que se alcanzó en 2024 y del 5,4 % que se espera en 2025. Lecornu se dio un ligero margen de maniobra adicional para la negociación durante la fase parlamentaria y señaló que ese déficit podría ser algo mayor, pero en cualquier caso estará por debajo del umbral del 5 % del PBI. El premier considera que ese es el límite para poder mantener la trayectoria de los años siguientes y poder cumplir el compromiso que Francia asumió ante sus socios de la Unión Europea para rebajarlo al 3 % del PBI en 2029.
Cortesía de Página 12
Dejanos un comentario: