Los fraudes inmobiliarios en México se han convertido en un riesgo latente para familias, inversionistas y la reputación del sector, especialmente en zonas con una creciente actividad en bienes raíces como el Bajío.
Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los fraudes inmobiliarios aumentaron 20% en el 2024, una tendencia que preocupa a autoridades y expertos por la magnitud y los casos no denunciados.
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En entrevista para Econohábitat, Mario Palomares, presidente del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB), indicó que este problema no es nuevo, pero en los últimos años ha tomado fuerza en entidades clave como Querétaro, uno de los mercados inmobiliarios más activos del país.
“En Querétaro ya tiene algunos años que comenzaron a surgir estos eventos. Tenemos conocimiento de que se han identificado alrededor de 15,000 afectados en los últimos cinco años, con casi 500 carpetas de investigación abiertas”, comentó Palomares.
Sin embargo, añadió que hasta ahora no se ha reportado la detención de algún responsable, lo que evidencia la complejidad para rastrear y castigar a quienes operan estos esquemas fraudulentos.
Modus operandi
De acuerdo con el CIIB, uno de los focos de alerta de la actividad fraudulenta es la proliferación de anuncios falsos en internet y la venta de proyectos inmobiliarios que cobran anticipos sin tener respaldo real ni garantías de entrega.
“Ya sea uno o miles de afectados, es un tema que requiere de atención por la confianza, la certeza y la credibilidad que necesita la industria inmobiliaria. El impacto es muy fuerte”, advirtió Palomares y añadió que “Querétaro cuenta con un marco jurídico sólido, pero la dinámica de crecimiento acelerado exige reforzar la prevención”.
El mercado queretano, por ejemplo, ha experimentado un fuerte auge gracias a su cercanía con la Ciudad de México y su calidad de vida. Se estima que 120 familias llegan en busca de una casa cada día para establecerse en la entidad.
Según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en 2024 se colocaron alrededor de 18,764 viviendas, esto es 7.5% más en comparación con el 2023. Si bien esto es una oportunidad de crecimiento para los desarrolladores, también luce atractivo para grupos organizados enfocados en el fraude inmobiliario.
Certificación, una respuesta del sector
Para responder a este desafío, el Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, junto con el CIIB, anunció la creación de la Certificación de Desarrollador Confiable, una herramienta que busca proteger la inversión de las familias y reforzar la reputación de los desarrolladores formales.
Esta iniciativa tiene como objetivo elevar los estándares de ética, transparencia y profesionalismo a nivel nacional. La certificación será gestionada por un Comité Certificador Autónomo, integrado por expertos independientes, quienes evaluarán a las empresas desarrolladoras —no a proyectos individuales— bajo criterios de legalidad, solvencia, gobernanza, ética empresarial y trayectoria técnica.
El proyecto comenzará en Querétaro, pero se extenderá a otros nueve estados prioritarios, entre ellos Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Michoacán. Antes de su lanzamiento, ya alrededor de 40 firmas han manifestado su interés en obtener el distintivo, como una forma de demostrar su compromiso con las buenas prácticas.
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Cortesía de El Economista
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