La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció ayer una buena noticia: la eventual desaparición de la empresa Gas Bienestar, creada en el sexenio lopezobradorista, como muchas otras más de las ocurrencias que se concretaron en ese periodo.
La Jefa del Ejecutivo dijo que Petróleos Mexicanos revisa si continuará o no, con la distribución de Gas Bienestar.
Mencionó que esa empresa contribuyó a estabilizar el precio del gas LP, el energético de mayor consumo entre los mexicanos.
Aseveró que Gas Bienestar y la política de precios máximos al gas LP –que sigue vigente– evitaron el alza en los precios del gas LP.
Explicó que en virtud del control de precios en beneficio de los consumidores, Pemex ya no siguió desarrollando a Gas Bienestar y ahora analiza la viabilidad de continuar o no.
El discurso presidencial, evidentemente, está orientado a dar una “salida suave” a un fracaso insostenible: Gas Bienestar.
La eventual extinción de este oneroso “elefante blanco” parece ser una señal adicional del giro y marca personal que está dando la Presidenta de México a la política energética.
Hay que recordar que Gas Bienestar y los precios máximos al gas LP se constituyeron y dispusieron en paralelo.
La coincidencia de fechas, entre la constitución de Gas Bienestar y la política de precios máximos, deja claro que ésta última sí logró reducir el precio, mientras que la empresa estatal sólo dejó un enorme despilfarro.
Gas Bienestar –no se puede ocultar–, es un fracaso absoluto, con enormes pérdidas operativas acumuladas y su dependencia total de subsidios federales, a través de Petróleos Mexicanos.
No realizó la expansión nacional que pretendía; siempre se mantuvo en 9 alcaldías de la Ciudad de México.
Y no hay evidencia clara de que la deficiente y limitada distribución de Gas Bienestar haya incentivado una mayor competencia o una reducción en los precios.
La prolongación de los precios tope –que originalmente serían temporales– refleja justamente lo contrario: que es inexistente, la competencia en ese mercado.
Por otra parte, la Jefa del Ejecutivo no refirió las enormes pérdidas que ha representado para el erario federal la ocurrencia lopezobradorista.
De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas –escasea la información oficial al respecto– Gas del Bienestar requirió una inversión inicial de al menos 11,000 millones de pesos (mdp) para infraestructura como pipas, tanques y cilindros.
Respecto del control de precios en beneficio de los consumidores, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), su entrada en vigor a partir del 1 de agosto de 2021, logró una reducción promedio del 31% en el precio del gas LP a nivel nacional.
El mismo análisis señala que los precios tope han evitado la especulación y han tenido un impacto positivo en el poder adquisitivo, al reducir el gasto familiar en energía en un 15.1% en promedio.
Entre los efectos negativos, los precios máximos, han incentivado el mercado negro y el robo; amparos y litigos contra los precios máximos; y aumentos en los precios recientes, en algunas entidades pese el precio tope.
En síntesis, podría decirse que el precio tope ha logrado estabilizar y reducir costos para los consumidores, pero también ha provocado distorsiones en el mercado, como menor inversión en distribución y mayor informalidad.
Y Gas Bienestar resultó como se dijo desde un principio, un oneroso e inservible elefante blanco.
Gas Bienestar, según datos no oficiales, acumula gastos por alrededor de 5,000 millones de pesos, frente a ingresos por alrededor de 1,200 millones de pesos
Lo que es evidente, es que, seguramente, la racionalidad económica, está obligando a la presidenta Sheinbaum a tomar la decisión de cerrar las operaciones de Gas del Bienestar por su marcada contribución a las pérdidas que registra Petróleos Mexicanos.
Bienvenida la racionalidad económica y la extinción de empresas estatales inservibles.
Al tiempo
Atisbos
La Coparmex, prácticamente la única organización empresarial que siempre eleva su voz ante lo que desde su juicio atenta contra el país, aseguró que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República pone en riesgo la justicia y la inversión en México y representa un grave retroceso.
Se pronunció contra la aplicación retroactiva de la reforma, porque impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum se pronunció en contra de la retroactividad en la reforma.
Veremos.
Cortesía de El Economista
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