El gobierno de Francia decidió ayer 23 de octubre, retrasar la aplicación de una controvertida reforma de pensiones del 2023, pero recibió críticas por intentar pagarla con mayores impuestos al seguro de salud y pensiones congeladas.
La medida llega en un momento en que Francia está sumida en un punto muerto político desde que el presidente, Emmanuel Macron, convocó el año pasado a elecciones parlamentarias anticipadas, que esperaba consolidarían su poder pero que en cambio terminaron con su bloque centrista perdiendo la mayoría.
Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, prometió a principios de este mes posponer la impopular reforma de las pensiones, que incluye elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un intento de sobrevivir a un voto de confianza en la cámara legislativa.
Los socialistas, un grupo clave en el Parlamento sin mayoría absoluta, habían exigido que se cancelara la reforma.
Lecornu hizo la concesión después de una semana loca de política que lo vio renunciar y luego ser reelegido, después de que la Cámara Baja derrocara a sus dos predecesores en un enfrentamiento por medidas de reducción de costos.
El gabinete de Lecornu pospuso ayer, en una llamada “carta correctiva”, la nueva edad de jubilación de 64 años y revisó las contribuciones al plan de pensiones hasta enero del 2028, después del final del segundo mandato de Macron.
La medida forma parte de un proyecto de ley de austeridad presupuestaria para el próximo año que aún debe debatirse en el Parlamento.
Sin embargo, el gobierno advirtió que posponer la reforma costaría 100 millones de euros en el 2026 y 1,400 millones en el 2027.
Para cubrir esos costos, planeó aumentar los impuestos a las compañías de seguros de salud privados y dijo que las pensiones para ese periodo no aumentarían de acuerdo con el costo de vida.
En Francia, quienes pueden permitírselo, contratan un seguro médico privado además del público para cubrir cualquier diferencia en los costos médicos.
Los sindicatos estaban indignados y decían que los jubilados perderían poder adquisitivo.
“Los jubilados con recursos más modestos no pueden soportar una medida así”, declaró Yvan Ricordeau, del sindicato CFDT.
Los críticos también señalaron que la gente común probablemente tendría que pagar tarifas de seguro médico privado más altas para cubrir el aumento de impuestos.
Denis Gravouil, del sindicato CGT, explicó que esto también “tendría repercusiones sobre los asalariados y más aún sobre los jubilados”, para quienes el seguro médico ya era más caro.
En el 2023, un gobierno anterior impuso la reforma de las pensiones en el parlamento sin votación, utilizando un controvertido poder constitucional para hacerlo, lo que desencadenó meses de protestas.
Cortesía de El Economista
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