El gobierno de Claudia Sheinbaum estima que en 2026 ingresarán 3,496 millones de pesos por aprovechamientos derivados del programa de modernización de los sistemas de informática y control de las autoridades aduaneras.
La última vez que este rubro apareció con un aprovechamiento fue en la Ley de Ingresos de 2007. A partir de 2008, el monto se mantuvo en cero. Estos recursos provienen de las cuotas que pagan importadores y exportadores y se vuelven a destinar a fortalecer la operación de las aduanas: adquisición de tecnología, instalación de sistemas de inspección y capacitación del personal.
La previsión ocurre en un momento en que las aduanas se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos del país. Cerca de 30% de los ingresos tributarios provienen de ellas, lo que las coloca como un pilar de la recaudación federal.
Los 3,496 millones de pesos que se espera captar en 2026 por esos aprovechamientos son prácticamente equivalentes al presupuesto que se propone para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con 3,468 millones de pesos, 1.8 veces más que en 2025.
Desde 2022, la ANAM opera como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, luego de separarse del SAT durante el sexenio de López Obrador. Esto con la enmienda de vigilar el comercio exterior, recaudar con eficiencia y cerrar la puerta al contrabando, la corrupción y la introducción de drogas.
Sheinbaum promete que en 2026 el país contará con una modernización integral de las operaciones aduaneras. El plan incluye la incorporación de tecnología de punta para detección de ilícitos, sistemas de inspección no intrusiva, trazabilidad digital de mercancías y videovigilancia en tiempo real. La meta es agilizar el flujo de bienes y personas, reducir los tiempos de espera en cruces fronterizos y puertos marítimos, y hacer más eficientes los procesos de despacho.
Estos cambios forman parte de la estrategia para impulsar un comercio exterior transparente y competitivo, que incremente la recaudación y apoye el crecimiento económico. La ANAM, a través de su programa “Servicios de Control de la Operación Aduanera”, busca asegurar que el cumplimiento de obligaciones fiscales sea más sencillo para los contribuyentes, mientras fortalece la inspección y el control de mercancías que entran y salen del país.
Reforma a la Ley Aduanera, dientes más afilados
El 9 de septiembre de 2025, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, incluida en el Paquete Económico 2026. El proyecto busca armonizar las competencias entre el SAT y la ANAM, digitalizar completamente las operaciones y permitir convenios de colaboración tecnológica con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Entre sus principales cambios destacan sanciones más severas para infracciones aduaneras, la ampliación de supuestos de responsabilidad para empresas y agentes aduanales, y la integración de sistemas electrónicos de última generación para el control de inventarios y la trazabilidad de mercancías. El objetivo es frenar la evasión fiscal y el contrabando, problemas que generan pérdidas millonarias cada año.
El verdadero desafío: la corrupción y la seguridad
Sin embargo, el reto no es solo tecnológico. Alejo Campos, director regional para América Latina de Crime Stoppers, advierte que sin voluntad política y combate a la corrupción, las inversiones en tecnología no bastan.
“El Salvador es un ejemplo de cómo reducir el comercio ilícito casi a cero, pero eso se logra cuando se desarticulan las estructuras criminales y no existe un sistema que tolere la corrupción”, explica. Campos señala que, aunque México invierta en inteligencia artificial, escáneres y sistemas de alerta en tiempo real, el factor humano sigue siendo crucial.
El problema es quién recibe la alerta. Si el funcionario está coludido o amenazado, no actuará. Hay casos en que los empleados no son corruptos, pero están extorsionados y temen por su vida o la de su familia. Eso paraliza la acción
Para el especialista, el primer paso es una voluntad política firme y sostenida en el tiempo. “Estos procesos no se resuelven en un sexenio. Requieren constancia, coordinación interinstitucional y un enfoque de seguridad multidimensional. Si se busca solo recaudar más sin medir el impacto en sectores sensibles, se puede detonar más inseguridad en lugar de resolver el problema”, aseguró.
Cortesía de Expansión
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