Tras su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas entre las que se incluye pausar, por 90 días, todas las ayudas que entrega Estados Unidos a gobiernos extranjeros para asuntos de desarrollo.
Esos tres meses de pausa se utilizarán para determinar si la entrega de estos recursos está alineada con los objetivos de la administración de Trump. La cuestión es que la medida afecta directamente a Colombia, que ha sido uno de los principales beneficiarios de la ayuda estadounidense en áreas como desarrollo rural, justicia, guerra contra el narcotráfico y derechos humanos.
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Desde la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hicieron un llamado urgente a defender esta cooperación bilateral y evitar recortes, pues “la asistencia de Estados Unidos ha sido clave para la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad social, con más de 30.000 millones de dólares invertidos en Colombia en las últimas décadas”.
Para el gremio, reducir esta ayuda debilitaría la seguridad, afectaría el crecimiento y frenaría el apoyo a comunidades vulnerables. “Colombia debe actuar con rapidez, demostrando resultados tangibles y alineando prioridades estratégicas con Estados Unidos para garantizar la continuidad de este respaldo crucial”, manifestó.
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María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, agregó que, por ejemplo, en 2023, el país recibió 401 millones de dólares destinados a la lucha contra el narcotráfico, desarrollo rural y fortalecimiento institucional: “Gracias a esta cooperación y de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más de 500.000 familias campesinas han recibido apoyo para integrarse a economías legales, 50.000 familias han reemplazado cultivos ilícitos por café, cacao y otros productos, y más de 20.000 pequeños productores han accedido a mercados formales”, dijo.
De esta manera, el gremio plantea que el Gobierno debe realizar una serie de acciones con el fin de contrarrestar esta situación. Entre ellas propone fortalecer la diplomacia bilateral, con diálogos proactivos con las nuevas autoridades estadounidenses; demostrar con cifras y resultados concretos que evidencien el impacto positivo de la asistencia en áreas críticas; identificar y promover áreas de interés compartido, como la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico; y movilizar al sector privado y la sociedad civil, incluyendo empresas estadounidenses en Colombia y ONGs.
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“La cooperación no es un gasto, es una inversión en seguridad, estabilidad y desarrollo, y Colombia debe actuar con decisión para protegerla”, puntualizó Lacouture.
Cortesía de El Colombiano
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