El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, continúa con su cruzada contra el huachicol fiscal y este lunes anunció el decomiso más grande e importante en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum: 15 millones 480 mil litros de combustible en dos municipios diferentes de Coahuila. Estas acciones se suman a la captura de una red dedicada a este tráfico ilegal anunciada la semana pasada que actuaba en la Ciudad de México, el Edomex y Querétaro.
Según sostuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un comunicado conjunto con la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía, el primer operativo se realizó en el municipio de Ramos Arizpe, donde la Policía estatal alertó a las autoridades por una serie de carrotanques estacionados cerca de una estación abandonada de ferrocarriles. A raíz de esto, la inspección detectó la existencia de tres millones 960 litros de hidrocarburo cuya procedencia no era legal.
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Al mismo tiempo, otro operativo conjunto por parte de las autoridades federales y locales en la capital estatal, Saltillo, generó el decomiso de la cantidad restante de los hidrocarburos que habrían sido robados para comercializar en el mercado ilegal. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades involucradas y aseguró que continuará el trabajo para evitar que en el estado “no se permita la extracción ni la venta de hidrocarburo ilícito”.
De esta manera, Harfuch profundiza una de las principales estrategias de combate al crimen organizado que actúa en México y que ya tiene ramificaciones en los Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump sancionó a ciudadanos norteamericanos por estar involucrados en esta actividad ilegal. La semana pasada, por ejemplo, las autoridades decomisaron dos millones de litros de combustible también en Saltillo, donde fueron arrestadas 11 personas que ya enfrentan un proceso judicial en su contra.
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El combate contra el robo y el comercio de combustible ilegal tuvo sus primeras acciones en Tamaulipas y Baja California, donde fueron decomisados diez millones y ocho millones de litros, respectivamente en dos operativos diferentes. Esta actividad ilegal representa un objetivo prioritario para el gobierno de Claudia Sheinbaum porque genera dividendos millonarios para el crimen organizado y, además, golpea a la estructura y las finanzas de Pemex.
Asimismo, es un tema de suma relevancia para la relación bilateral con los Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad ante las demandas de la administración de Trump por mayores acciones contra el crimen organizado y sus ramificaciones políticas y judiciales en las distintas administraciones del gobierno mexicano.
Cortesía de La Política Online
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