El aseguramiento en Coahuila de más de 15 millones de litros de combustible ilícito —el mayor decomiso de huachicol en lo que va del sexenio— ha reavivado el debate nacional sobre la capacidad del Estado mexicano para combatir redes criminales complejas. Para el diputado local Gerardo Aguado, de Acción Nacional, este hecho es reflejo de un modelo de seguridad estatal que, asegura, ha logrado contener al crimen organizado en el norte del país.
“Coahuila es una especie de muralla institucional y operativa”, dijo en entrevista, tras subrayar que el decomiso no ocurrió por azar, sino por una estrategia construida con inversión, vigilancia, tecnología y coordinación interestatal. Aguado recordó que solo en el último año se han destinado 3 mil 500 millones de pesos a seguridad en su entidad.
El decomiso tuvo lugar en Saltillo y Ramos Arizpe, donde se interceptaron 129 carrotanques con combustible presuntamente sustraído fuera del estado. El legislador destacó la participación de Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, además de los sistemas de inteligencia y monitoreo del gobierno estatal de Coahuila.
“El modus operandi revela una logística sofisticada: documentación apócrifa, carrotanques ocultos entre trenes de carga, rutas por vías ferroviarias para eludir controles carreteros. Esto no es improvisado”, comentó Aguado. También cuestionó la actuación de las empresas concesionarias del transporte ferroviario, al considerar que debieron detectar irregularidades.
El problema en Coahuila es menor a otros estados
Aunque reconoció que hay investigaciones en curso y múltiples actores por esclarecer, insistió en que Coahuila no es foco de extracción. Comparó la situación con entidades como Puebla o Tamaulipas, donde la ordeña de ductos ha sido constante. “Aquí no hay tregua. Aquí no entran los delincuentes”, sostuvo. El diputado señaló que esta operación permite entender mejor cómo funcionan estas redes ilícitas. “Ya sabemos que usan trenes, que falsifican documentos, que tienen movilidad rápida. Ahora es momento de cerrar el círculo: investigar, detener y sancionar”, urgió.
Crítico de la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio pasado, Aguado aseguró que esa política debilitó la capacidad operativa del Estado mexicano. Sin embargo, reconoció que la actual administración federal ha comenzado a mostrar señales de una nueva etapa. “La presidenta ha mostrado voluntad para colaborar. No coincidimos en muchas cosas, pero en seguridad se ha empezado a construir algo distinto”, señaló. Finalmente, Aguado llamó a no politizar el caso ni minimizar su relevancia. Afirmó que este operativo demuestra que, con coordinación real, sí es posible contener al crimen organizado. “Coahuila no es un muro metafórico. Es una estrategia real que combina tecnología, inversión y decisión política. El resto del país debería voltear a ver este modelo”, concluyó.
¿Qué es el huachicol?
El huachicol es el término popular utilizado en México para referirse al robo y comercialización ilegal de combustibles, principalmente gasolina y diésel. Esta práctica consiste, en su forma más común, en la extracción clandestina de hidrocarburos directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque también incluye el desvío de combustible en instalaciones de almacenamiento, transporte en carrotanques o trenes, y la falsificación de documentos para su distribución.
Las personas que participan en esta actividad son conocidas como “huachicoleros”. El término proviene originalmente del uso de “huachicol” como nombre para un aguardiente adulterado o de mala calidad, y fue adaptado para describir el robo de gasolina por analogía con la manipulación de productos.
El huachicol representa un grave problema económico y de seguridad para el país. Genera pérdidas millonarias al Estado, provoca daños ambientales y ha sido causa de explosiones fatales en comunidades cercanas a tomas clandestinas. Además, está vinculado con redes de crimen organizado que operan con logística compleja, corrupción y violencia. El combate al huachicol ha sido una prioridad para diversas administraciones federales, que han implementado operativos, vigilancia y reformas legales para frenarlo, aunque persiste como una amenaza latente en varias regiones de México.
Cortesía de El Heraldo de México
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