El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado durante un evento público, y confirmó que el arma de fuego ocupada en el ataque está relacionada con grupos delictivos.
Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad dada por el homicidio del edil, el funcionario federal relató que el ataque ocurrió alrededor de las 8:10 de la noche del sábado 1 de noviembre, cuando un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro abrió fuego contra el alcalde al término del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan.
Carlos Manzo recibió siete disparos y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció más tarde. En el ataque resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien —según el secretario— se encuentra fuera de peligro.
Según detalló el funcionario, el arma con el que se realizó el asesinato ya había sido empleada en dos enfrentamientos previos entre grupos criminales rivales que operan en la región de Tierra Caliente.
Además, se dio a conocer que el presunto agresor fue abatido por elementos de seguridad que resguardaban el evento.
Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan y reafirmó su compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia.
Contaba con protección
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que el alcalde de Uruapan contaba con un esquema de seguridad reforzado al momento de su asesinato que se conformaba de 14 elementos de la Guardia Nacional más un grupo municipal que proporcionaba la seguridad inmediata.
“El 10 de diciembre se le proporcionaron en apoyo de las escoltas seis efectivos y un vehículo de la Guardia Nacional”, explicó Ricardo Trevilla Trejo.
Posteriormente, añadió el secretario, el esquema fue reforzado por instrucción del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, quien amplió el equipo de protección ante el incremento de riesgos en la región.
Derivado del homicidio del alcalde, se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por el homicidio de Manzo lo que derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías ya que algunas personas lograron entrar en Palacio de Gobierno de Morelia y causaron destrozos.
Problema estructural
El asesinato no fue un hecho aislado, sino la expresión de un problema estructural que México arrastra desde hace décadas: la descomposición institucional y la profunda penetración del crimen organizado en los municipios, advirtieron especialistas.
Para Gerardo Rodríguez Sánchez, profesor e investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), este crimen “retrata la impunidad y los pactos político-criminales que se han tejido en las últimas dos décadas”.
Explicó que en Michoacán “no hay un solo pacto, sino una telaraña de acuerdos entre políticos y delincuentes”, lo que, dijo, ha debilitado las instituciones locales y dejado a los gobiernos municipales en una situación de completa vulnerabilidad.
Consultado sobre las reiteradas solicitudes de protección que el alcalde de Uruapan habría dirigido al gobierno federal antes de su asesinato, el especialista consideró que el problema no radica en la federación, sino en los gobiernos estatales.
“El gobierno de la República no tiene la capacidad de proteger a los 2,500 alcaldes del país”, subrayó.
Víctor Hernández,director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, explicó que existen dos niveles para entender la violencia contra presidentes municipales. Por un lado, hay causas estructurales: “el gobierno municipal ha sido el eslabón más débil, el menos protegido del ecosistema gubernamental en términos de protección ejecutiva”, dijo.
Las policías municipales, añadió, son pequeñas, mal financiadas y carecen de especialización —inteligencia, protección ejecutiva, escoltas— por lo que resulta “imposible” que puedan desplegarse eficazmente para proteger a sus autoridades.
El impacto político y social de estos asesinatos, advirtió, es profundo. Describió el atentado como una forma de intimidación que califica —en términos parecidos a la definición estadounidense— como un acto con voluntad de infundir terror en la población y en los servidores públicos.
“El mensaje a los alcaldes es: bájale; ni te pongas a comprar 30 vehículos blindados ni declares la guerra al narco, porque nadie va a venir a tu auxilio”, sostuvo.
Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de seguridad nacional e inteligencia, subrayó que el asesinato de Manzo se enmarca en una cadena de agresiones recientes contra autoridades locales en Michoacán y Guerrero, donde los grupos criminales buscan someter o reemplazar al poder civil.
“Estos liderazgos criminales se renuevan y se rearman; están ganando control territorial a nivel local. Lo que vemos en Uruapan o Apatzingán es parte de un mismo fenómeno”, explicó.
Además, señaló que es urgente articular los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para atender las causas estructurales de la violencia y evitar que se repitan ataques como el de Uruapan.
Cortesía de El Economista
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