Diversas organizaciones sociales y candidatos judiciales, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) nueve impugnaciones en contra de la elección judicial por las irregularidades presentadas el día de los comicios, como lo fue la posible inducción del voto a través de los llamados “acordeones”.
Las organizaciones Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, PROJUC, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia y Laboratorio Electoral, acompañadas de candidatos y abogados especialistas, se presentaron ante el INE con una demanda de más de 300 páginas y 200 pruebas sobre diversas irregularidades, así com la existencia de una operación sistemática desde el oficialismo para coaccionar el voto de la ciudadanía e imponer a los candidatos oficiales.
Uno de estos recursos fue interpuesto en contra de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, ya que se advirtió que se logró documentar la existencia de acordeones en todo el territorio nacional donde el 100% de los candidatos que estaban en los acordeones ganaron la elección: nueve ministros de la SCJN, cinco magistrados del Tribunal del Disciplina y dos del Tribunal Electoral.
“Hemos venido a impugnar esta elección, porque no queremos que las elecciones en nuestro país sigan este rumbo de violaciones sistemáticas a la ley y despliegue de malas prácticas. Las y los ciudadanos no vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a este atropello. La autoridad electoral, es decir, el INE y el Tribunal Electoral tienen la obligación de limpiar la elección. Nuestro derecho, como ciudadanos, es gozar de elecciones libres, limpias y apegadas a derecho”, señaló Gabriela Sterling de Poder Ciudadano.
Evaluación
Por su parte, Miguel Alonso Meza, de Defensorxs, expresó que “la elección judicial es completamente inválida por una razón: el resultado de todos los puestos nacionales fue determinado por una intervención ilegal de la presidencia de la República, de los gobernadores de los estados y del partido oficialista”.
Por ello, exigió que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte invaliden los resultados de toda la elección, ya que entre los recursos de impugnación se señalan otras irregularidades a lo largo de este proceso electoral, tales como fallas en la evaluación de candidatos (al menos 26 candidatos altamente riesgosos); el inicio del proceso sin reglas.
Así como la ausencia de mecanismos ciudadanos para vigilar la elección y garantizar la libertad del voto, pues se dijo que los ciudadanos no contaron los votos y los candidatos no tenían representantes para vigilar los conteos.
Asimismo, se advirtió sobre la inequidad en el voto, como lo fue en el caso de la Ciudad de México, donde el voto de un ciudadano pesó cinco veces más que el de uno en el Estado de México.
Incluso, destacaron que con estas acciones se busca fijar un precedente “y que no se permita nunca más en la historia de México que exista una elección de Estado, donde sea la Presidencia y no la ciudadanía, el verdadero elector de los ganadores”.
Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral, aseguró que no es la primera vez que desde el gobierno se interviene en una elección y se busca incidir a partir del uso de recursos públicos.
“La pregunta que nos hacemos es: ¿Este es el tipo de elecciones que queremos para el país? Nos parece que no tenemos nada que celebrar, no fue un ejercicio ejemplar en ninguno de los sentidos. Fue una elección viciada, fue una elección de mala calidad”, sentenció.
Defensores
Por su parte, representantes de las organizaciones Saber Votar y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, acusaron que la elección del Poder Judicial fue ilegítima, fraudulenta y diseñada para consolidar el control político del oficialismo sobre la justicia en México.
En conferencia de prensa titulada “¿Qué sigue para México? Consecuencias de la Elección Judicial”, el director de la plataforma Saber Votar, Guillermo Torres Quiroz, y el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio Halloran, coincidieron en que los resultados y el desarrollo del proceso electoral revelan una grave crisis de legitimidad, participación y transparencia, con consecuencias que amenazan la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Torres Quiroz destacó que la mayoría de los integrantes del Tribunal de Disciplina tienen vínculos cercanos con Morena.
Aplazan sesión por discernir en requisitos
El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la sesión programada para este jueves en la que se preveía confirmar el número de candidaturas a magistraturas de circuito que son inelegibles por no cumplir con requisito de promedio mínimo de 8 en licenciatura y de 9 en especialidad, tal y como lo marca la Constitución.
El retraso se debe a las discrepancias entre las y los consejeros sobre la metodología que será aplicada para revisar, de nueva cuenta, a cada una de las 464 candidaturas ganadoras de un cargo para magistraturas de circuito y saber si cumplen con los promedios académicos requeridos por Constitución.
Y es que un día antes, la mayoría de los integrantes del Consejo General avalaron la propuesta de la consejera Carla Humphrey sobre invalidar los triunfos de, al menos, 33 candidaturas que no cumplían con los requisitos de promedio mínimo.
No obstante, tras declarar un receso, y al realizar una segunda revisión de los casos, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei sostuvo que sólo tres de estas candidaturas eran inelegibles por no cumplir con el promedio mínimo de 8; esto causó la inconformidad de algunos consejeros, por lo que se tuvo que llamar a un nuevo receso para lograr un nuevo acuerdo, el cual fue que se revisarán a todas las candidaturas ganadoras para este cargo.
Cortesía de El Economista
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