La acusación contra Omar Bravo por abuso sexual infantil es un caso para recordar que la justicia en México distingue entre ciudadano común y futbolista.
Hay una constante en las acusaciones penales por abuso sexual infantil, violación y homicidio culposo (accidentes fatales por conducir alcoholizados) contra jugadores del balompié. La mayoría acaba con penas reducidas, mitigadas gracias a compensaciones económicas, o de plano en la “falta de elementos”, un argumento de las fiscalías para cerrar los casos.
Hay muchos ejemplos que no cabrían en este texto, pero comparto los paradigmáticos. El patrón salta a la vista.
En junio de 2019, el futbolista Joao Maleck embistió en Zapopan el auto en que viajaban María Fernanda Peña y Alejandro Castro justo el día de su boda. La pareja falleció al instante.
El canterano del Santos fue detenido, pero quedó libre en diciembre de 2020 (sólo estuvo un año y medio en prisión), y se le condenó a pagar 2.5 millones de pesos por reparación del daño.
Los magistrados le permitieron cumplir su sentencia en libertad tras el doble homicidio a título de culpa grave que se le probó a pesar de que se demostraron las agravantes de consumo de alcohol y exceso de velocidad. Una sentencia de esas características, según el Código Penal estatal, amerita una pena de diez años de cárcel.
“¿Acaso ser futbolista te ampara de la justicia?”, criticó la madre de María Fernanda en 2023.
En 2015, Erick “Cubo” Torres, delantero de las Chivas, fue acusado por abuso sexual contra una joven de 19 años en una fiesta. Él negó los hechos.
La Fiscalía de Jalisco concluyó que no había delito qué perseguir al no haber “pruebas suficientes”. La víctima y sus abogados denunciaron irregularidades en el proceso e interpusieron una queja ante Derechos Humanos Jalisco.
El caso de Jesús “Cabrito” Arellano, ex seleccionado nacional, resulta emblemático. En 2017 fue acusado en Monterrey de abuso sexual contra su sobrina de 16 años. Tras negarse a comparecer ante el juez, se le giró una orden de arresto que se cumplió más de dos años después. Supuestamente estaba “prófugo”, pero lo arrestaron en su casa de Monterrey.
Ese mismo año, en 2019, pisó la cárcel pero fue inmediatamente liberado por “falta de pruebas” y se le dio carpetazo al asunto.
Hay más ejemplos. Dieter Villalpando fue separado de Chivas en 2020 tras una acusación de abuso sexual de una menor durante una fiesta a la que acudieron otros jugadores. Sin embargo, ha continuado su carrera en la primera división gracias a un amparo.
La lista es larga y añeja. Desde el ex rojiblanco Ramón Ramírez, involucrado en un accidente vial en Carretera a Chapala en donde fallecieron los cinco miembros de una familia… hasta el también ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco que añadió el fuero constitucional a su “inmunidad” como ex futbolista.
Detrás de este trato diferenciado de la justicia hacia futbolistas hay riqueza, influencia política y popularidad que les permite evadir o atenuar un castigo tras cometer un crimen.
No prejuzguemos, pero Omar Bravo, ex astro de las Chivas, si bien está retirado del campo de juego, cumple con el alto perfil que otros usaron para obtener un trato diferenciado de la justicia.
Ojalá sea la excepción.
Cortesía de El Informador
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