La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que ante una eventual reforma electoral, lo que México necesita es tener un organismo electoral autónomo con probada capacidad técnica, pero ajeno a los vaivenes políticos.
Durante su participación en el seminario “Reforma Electoral ¿Hacia dónde ir?”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Guadalupe Taddei, señaló que uno de los retos que actualmente enfrenta el sistema electoral de nuestro país, es adaptarse a los nuevos contextos políticos, sin necesidad de alterar sus fundamentos.
En ese sentido, reconoció que una eventual reforma electoral no será sólo un acto legislativo, sino un proceso político complejo, por lo que instó a que se atiendan los retos estructurales y emergentes que tiene el INE, o de lo contrario “podrían generar afectaciones incalculables”.
“México necesita un INE del siglo XXI, autónomo, con probada capacidad técnica, ciudadano y transparente. Un INE que se mantenga ajeno a los vaivenes políticos (…) En pocas palabras, hoy se requiere un INE que atienda a las demandas sociales vigentes con escucha y cercanía a la ciudadanía”, subrayó.
Además de insistir que las reformas que vienen deben corregir lo pendiente y anticipar lo emergente.
“Las reformas electorales sirven para poder modernizar al INE, para prepararlo ante un país más exigente, más plural y más vigilante (…) Hoy las reformas electorales no deben temer al cambio, porque es necesario para consolidar lo construido, sin olvidar el esfuerzo que representó edificar el sistema electoral que hoy tenemos”, dijo.
Parte de la agenda
En el mismo evento, Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE y ahora investigador de la UNAM, señaló que en los últimos años, la necesidad de una nueva reforma electoral ha sido parte de la agenda gubernamental, lo cual “es legítimo, pero atípico en nuestra historia”, aunado a que se plantea una reinvención del sistema electoral.
Por ello, defendió que las pasadas reformas electorales son parte del proceso histórico de México y ayudaron a que la transición a la democracia fuera un asunto gradual y paulatino, que poco a poco fue transformando el modo de acceso al poder público.
“Ha sido lento, pero no por ello menos profundo, que nos permitió pasar de un régimen de partido hegemónico a otro en el cual, mediante elecciones ahora sí libres y auténticas, se resolvió la condición básica y necesaria de todo régimen democrático: que sean los ciudadanos quienes libremente decidan quién gobierna”, consideró.
Cambio político
Mientras que el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, hizo referencia a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ello al expresar que dicha comisión establece como principal argumento el cambio político de México y los problemas de confianza en los partidos.
No obstante, consideró que se tendría que precisar cuál es ese cambio al que se hace referencia, pues las reformas electorales del siglo pasado fueron un gran paso para que la democracia se hiciera una realidad, “con todo y sus evidentes déficits y carencias”.
Además de recalcar que no puede pensarse en una democracia con elecciones que no sean limpias, libres y con condiciones de competencia igualitaria. “Eso es lo que debe seguir garantizándose, sin desconocer ese legado de la transición, así sea discutible o criticable, pero pensando en cómo mejorar el sistema electoral en temas relevantes”, dijo.
Exempleados judiciales reclaman pagos
Exempleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las 32 entidades federativas del país se manifestaron en la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ubicado en la Ciudad de México, en demanda del pago de indemnizaciones.
Elva Sánchez, magistrada de Circuito en retiro, informó que aproximadamente 800 exjuzgadores, quienes renunciaron a contender en los comicios judiciales del pasado 1 de junio para intentar mantenerse en el cargo, la mayoría con trayectorias de 20 años de servicio y 30 años de antigüedad, no han recibido en sus respectivas cuentas bancarias el pago constitucional correspondiente a tres meses de salario y 20 días por año de servicio laborado.
“No hemos obtenido el pago de nuestras indemnizaciones, previstas en la Constitución, con motivo de la reforma judicial. Las largas se han extendido varios meses y no encontramos respuesta”.
De ahí que advirtió que las protestas pacíficas “tendrán que escalar” en la medida en que pase el tiempo y no reciban sus pagos. (Con información de Rolando Ramos)
Cortesía de El Economista
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