La industria tecnológica, la academia y hasta algunas autoridades coincidieron en la urgencia de poner reglas claras en materia de ciberseguridad para México, durante el II Foro Nacional de Ciberseguridad, celebrado en la Universidad Panamericana los pasados 25 y 26 de septiembre, y organizado por la Alianza México Ciberseguro.
Los participantes advirtieron que la digitalización exponencial del país, desde servicios públicos hasta comercio y salud, requiere una ley general, presupuesto y mecanismos de cooperación que hoy no existen de forma consolidada.
En el foro se congregaron representantes del sector público, reguladores, cámaras empresariales y firmas de seguridad que buscan convertir la discusión en acciones concretas y en una propuesta legislativa que refleje las necesidades del ecosistema. Allí participaron desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como empresas patrocinadoras y organismos internacionales invitados. La necesidad de construir una política nacional concertada es un mensaje repetido a lo largo de las jornadas.
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“La estrategia nacional de ciberseguridad pues que se construya desde esta plataforma colaborativa”, dijo Ernesto Ibarra, fundador de la Alianza México Ciberseguro, al subrayar el papel de la alianza como punto de encuentro entre sectores.
Hay 40 propuestas legislativas
Detrás del llamado a regular hay preocupaciones concretas. La ausencia de un marco legal homologado, brechas en capacidades técnicas y la presión de actores internacionales y acuerdos comerciales que demandan reglas claras.
Para Luis Miguel Dena, presidente del Comité de Premiación de la Alianza, la ausencia de una ley general es inaceptable tras décadas de iniciativas.
“Es lamentable que pese a 40 iniciativas de ley no tengamos hoy una ley general de ciberseguridad”, dijo.
Para los reguladores y organismos financieros la discusión no es solo de seguridad sino de equilibrio entre regulación e innovación. Luis Lima Gómez, director general de Supervisión de Seguridad de la Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que la digitalización trae beneficios claros, pero también amplía la superficie de ataque y obliga a actualización constante.
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“La idea nunca ha sido detener al mercado, de detener la innovación, sino identificar riesgos tiene que haber siempre un balance”, dijo.
También se enumeraron herramientas y capacidades que ya existen pero que no bastan: un Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos, procesos homologados de respuesta y la presencia de decenas de unidades de policía cibernética en las entidades federativas, pero sin la coordinación legislativa y presupuestaria adecuada.
Hay otras prioridades
La industria, desde su trinchera, insiste en que la ley debe construirse con aportes técnicos y sectoriales para evitar efectos no deseados sobre la innovación y el comercio digital. De acuerdo con Armando Zúñiga Salinas, director general de Grupo International Private Security de México y representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el marco normativo se ha venido generando a lo largo de varios años en una colaboración entre sector público, privado y academia, pero no se ha logrado concretar una legislación.
“La legislación yo creo que es uno de los de los temas que están pendientes y que llevamos este años trabajando. Esta ley se ha tardado mucho porque siempre hay prioridades. Hoy se está legislando sobre extorsión, que es uno de los temas también que a todos nos ocupa. Esperaríamos que la siguiente sea de ciberseguridad”, dijo Zúñiga.
Las propuestas concretas que circularon en el foro incluyeron no sólo una ley general de ciberseguridad, sino marcos específicos para inteligencia artificial y derechos digitales, así como la construcción de capacidades estatales, inversiones en talento y mecanismos de intercambio internacional de evidencia forense.
“La alianza promoverá una ley general de ciberseguridad, una ley general de inteligencia artificial y una ley general en materia de derechos digitales”, resumió Dena sobre la ruta de trabajo que propone el sector civil y privado.
El país cuenta con avances fragmentarios, voluntad política incipiente y una industria dispuesta a colaborar, pero sin un andamiaje legal y presupuestal que materialice esa colaboración en capacidad nacional sostenida.
“La ciberseguridad es una tarea de todas y de todos”, resumió Ernesto Ibarra al inaugurar el foro, llamando a sumar esfuerzos para convertir el diagnóstico en leyes y programas.
Si el Congreso y las autoridades responsables hacen caso a estas demandas, el resultado esperado por los asistentes sería una política de Estado que combine legislación, presupuesto, formación de talento y cooperación internacional.
Cortesía de El Economista
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