Infonavit anunció que regularizará las viviendas ilegalmente ocupadas, igual que las de aquellos propietarios en morosidad.
A la fecha, hay 843,000 viviendas “emproblemadas”.
Hasta ahora se han censado 168,000.
Y de esa cantidad, 145,000 están ocupadas por personas diferentes a las acreditadas y por propietarios que ya no están pagando sus créditos.
Adicionalmente hay 23,000 viviendas que están deshabitadas o vandalizadas.
Infonavit mantendrá la política dictada en el sexenio lopezobradorista de no realizar desalojos forzosos.
En cambio les ofrecerá un esquema de renta, con pagos accesibles y con opción a compra a precios económicos, e incluye a no derechohabientes de Infonavit.
En ningún momento habrá coerción. Se negociará con cada ocupante para que regularicen su situación.
Y si no lo hacen, podrán seguir ocupando la vivienda, pero no serán propietarios legales.
Y para los morosos el plan prevé reestructurar sus deudas, considerando la capacidad económica del deudor; congelamiento de saldos, reducciones automáticas en tasas y descuentos en el saldo; y, la conversión de los créditos, de veces salario mínimo, a pesos con mensualidades y tasas fijas.
La intención es realizar fases piloto en estados con alta incidencia de viviendas abandonadas: Estado de México, Chihuahua o Baja California.
Ese es el plan que hizo público el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Al día siguiente del anuncio, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez salió a acotarlo.
Dijo que se respetará la propiedad privada de aquellos que acrediten que levantaron denuncia por despojo en contra de quienes ocupen su bien inmueble.
Frente a este plan de Infonavit, la pregunta más lógica es: ¿es correcto legalizar lo ilegal?.
La respuesta inmediata es: ¡No es correcto!. Legalizar lo ilegal implica un incentivo perverso para quienes necesitan una vivienda y en lugar de trabajar y pagar por la propiedad de una, prefieren ocupar ilegalmente una propiedad ajena.
También es un incentivo perverso para la cultura del “no pago”.
Aquellos que dejaron de pagar, y que ahora serán premiados con reestructuras, congelamiento del saldo y reducciones a las tasas de interés, estarán siendo premiados por incumplir con el compromiso que adquirieron como acreditados.
Con un ejemplo como ése, se generará la posibilidad de que otros acreditados dejen de pagar, en la creencia de que en algún momento, se les condonarán los adeudos, les congelarán los saldos y les darán ventajas que no tienen como acreditados cumplidos.
Habrá quienes justifiquen las medidas incluídas en el Plan de Infonavit y responsabilicen a las políticas del pasado.
Dirán que se trata de una solución pragmática si se considera que existen en México 6.1 millones de casas vacías.
Mientras que hay millones de personas que necesitan una vivienda.
Seguramente habrá quienes digan que la solución que ofrece Infonavit evitará un conflicto social y permitirá a personas vulnerables acceder a un patrimonio.
Lo cierto es que el Plan de Infonavit premia la ilegalidad; premia a quienes de manera ilegal ocupan inmuebles que no les pertenecen.
En consecuencia demerita el cumplimiento de la ley.
Se estaría violando la propiedad privada y se estaría vulnerando el Estado de Derecho, además de que sienta un precedente negativo.
El gobierno mexicano implícitamente estaría demostrando condescendencia con el delito.
Se estaría enviando la señal de que al final el gobierno legaliza lo ilegal; que cede a la fuerza de quienes violentan la ley para apropiarse de un bien por el que no trabajaron ni pagaron.
Es poco probable que el Infonavit dé marcha atrás al plan que está anunciando.
En consecuencia estará claro que para el organismo es mucho más importante tomar medidas políticas que hacer cumplir la ley.
Por otra parte, falta ver de qué tamaño será el impacto para los recursos de la institución, que al final de cuentas son de los trabajadores y de los patrones.
Al tiempo.
Atisbos
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Cortesía de El Economista
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