Infonavit está en el ojo del huracán.
Está en medio de un intenso debate provocado por lo que pudiera ser un atentado contra la propiedad privada.
El director del organismo, Octavio Romero Oropeza le puso el cascabel a la víbora.
Hace algunos días dijo que Infonavit ofrecería arrendamiento con opción a compra, a los ocupantes no derechohabientes.
Implícitamente se entendió que se legalizará lo ilegal: la invasión de propiedades privadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a declarar que su gobierno resguardará la propiedad de los beneficiarios del Infonavit.
Previamente, la secretaria de Gobernación, también acotó.
Aclaró que si hay carpetas de investigación, no se venderán las casas a invasores.
Infonavit está en el ojo del huracán desde hace muchos años.
Desde su creación en 1972 se enfocó en financiar desarrollo habitacionales horizontales (casas unifamiliares) en las periferias urbanas.
El modelo ofreció viviendas accesibles. El problema es que en su mayoría carecía de servicios adecuados y estaban muy lejos de los centros de trabajo.
En los 90s y principios de los años 2000 Infonavit dejó de construir directamente y se convirtió en un fondo de financiamiento hipotecario.
Además se fomentó la construcción de vivienda vertical.
En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, Infonavit financió masivamente desarrollo habitacional en zonas remotas.
Enrique Peña Nieto revirtió la expansión periférica y promovió desarrollos habitacionales en zonas urbanas bien conectadas.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hicieron dos reformas al organismo para ofrecer créditos directos, autoconstrucción, incorporación de trabajadores independientes y un esquema de renta social.
Logró otorgar 2.4 millones de créditos y 1 millón de créditos reestructurados y un aumento en las reservas a 800,000 millones de pesos.
Sin embargo, aumentó la cartera vencida a 18.94% en 2024 y un registro de 145,000 viviendas ocupadas irregularmente.
Heredó 4.8 millones de créditos impagables.
Dejó puesto el camino para que Sheinbaum ejecute el proyecto de convertir a Infonavit en un organismo constructor.
El director del organismo Octavio Romero Oropeza ha puesto sobre la mesa un diagnóstico muy delicado.
Se basa en las cifras que heredó del sexenio pasado.
Existen 4 millones 155,000 créditos prácticamente impagables cuyo origen, lo ubica el funcionario, en una maraña de corrupción durante los gobiernos neoliberales.
En días pasados informó que se han identificado un total de 843,000 viviendas “emproblemadas”, es decir, abandonadas, vandalizadas o invadidas.
Por otra parte, un conjunto de organizaciones empresariales hicieron frente común para rechazar el plan de Infonavit de regularizar a los invasores de vivienda.
Proclamaron al unísono que lo que plantea Infonavit implica vulnerar el derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en México.
Repudian de manera categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y piden detener cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.
También develaron la crítica gestión de la institución, que arrastra desde el año 2015.
Y que se ha agravado desde el sexenio pasado, derivado de la política de no desalojar a los acreditados con pagos vencidos.
Ahora se pretende extender este criterio a invasores, advierten.
Denuncian que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024.
Y considerando los créditos segregados el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%.
Esto significa que uno de cada tres financiamientos otorgados por Infonavit está en incumplimiento de pago.
En un comunicado, sin la participación de la cúpula de cúpulas, es decir del Consejo Coordinador Empresarial que preside Francisco Cervantes, un conjunto de destacados gremios de la iniciativa privada rechazaron que se premie la toma ilegal de viviendas y piden que se detenga.
La Coparmex, Concamin, Canaco Ciudad de México, el Comce, la Amib y Cenet advirtieron que la legalización de la ocupación de viviendas sin escrituración, normaliza la invasión como vía de acceso a la vivienda.
A pesar de las aclaraciones presidenciales, las organizaciones empresariales, hicieron público su posicionamiento.
Promover la legalización de la ocupación de viviendas sin escrituración normaliza la invasión como vía de acceso a la vivienda, señalaron.
La polémica está al rojo vivo.
Actualmente el gobierno, en virtud de la reforma de este sexenio al Infonavit, tiene de facto todo el poder.
Veremos qué sigue. Veremos cómo resuelven lo que parece una bola de nieve.
Cortesía de El Economista
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