Ni la filtración de la nutrida lista de asesores del ministro presidente, Hugo Aguilar, ni la denostación de algunos de los recién nombrados en los mandos superiores del nuevo Órgano de Administración y el Tribunal Disciplinario fueron asumidos como una casualidad. Todo lo contrario.
“Es fuego amigo”, describieron en los pisos superiores de la sede central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando recibieron —ayer, a primera hora— la notificación de la manifestación convocada por el Movimiento de Personas con Discapacidad. La puerta principal de la vetusta sede permaneció cerrada y una valla impedía acercarse a cualquier persona.
Un contingente de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro había tomado los accesos al Zócalo capitalino. A un lado, los representantes del Movimiento recolectaban firmas para soportar su solicitud de audiencia.
La exigencia estaba justificada. El Pleno debatirá sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024 promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán quien —en resumen— impulsará un cambio de criterio respecto del parámetro constitucional sobre la consulta previa a las personas con discapacidad.
Entre 2016 y 2023, justificó, el anterior Pleno de la SCJN invalidó —mediante acciones de inconstitucionalidad— medio centenar de decretos presidenciales, aduciendo falta de consulta a este grupo vulnerable.
La nueva Corte, postula la ministra Batres Guadarrama, debe abandonar ese criterio, “que confundía con paternalismo la protección que les debe proporcionar el Estado” y concluir que el derecho a la consulta previa solo es exigible cuando lo soliciten las personas con discapacidad o sus organizaciones.
Las organizaciones buscaban hacer valer sus argumentos y exigir que dichas consultas sean previas, informadas, accesibles, transparentes, significativas, y que cuenten con mecanismos adecuados para garantizar que la retroalimentación se refleje en las decisiones finales.
La propuesta de la ministra Batres Guadarrama comenzó a discutirse la semana pasada y mereció un intenso debate entre la ponente y la ministra decana, Yasmín Esquivel Mossa, quien sostiene que el derecho a la consulta implica el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y reconocer su autodeterminación.
Se cumple el primer mes de sesiones de la nueva Corte. Con lentitud, en la resolución de los asuntos heredados. Y una cada vez más notoria división sobre todo en asuntos que han atraído la atención de la opinión pública. Allí está el caso de las plataformas digitales, en alerta máxima, ante el inminente fallo que emitirá el Pleno de la SCJN sobre el amparo tramitado contra el Código Fiscal de la Ciudad de México, que impone una tasa del 2% a los prestadores de esos servicios.
Los empresarios de ese ramo se quejan de un trato fiscal discriminatorio y advierte sobre el impacto económico que tendrá esta medida, pues afectará a las comunidades de repartidores, a los pequeños y medianos negocios que dependen en buena medida de esta modalidad de reparto y a los millones de consumidores que hacen uso diario de este tipo de servicios.
Efectos secundarios
PÍRRICO. Después de tres meses y una discusión interna que quebró la unidad en el equipo delfinista, el gobierno del Estado de México implementará a partir de mañana el incremento a las tarifas del transporte público que exigían los concesionarios del servicio. En 77 de los 125 municipios será de dos pesos, por lo que el cobro mínimo pasa de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros de traslado. Una mascarada, pues llegar a la CDMX cuesta 25 pesos a los mexiquenses.
Cortesía de El Economista
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