Desde hace dos semanas las calles de Irán son escenario de una nueva oleada de protestas contra el Gobierno de Masud Pezeshkian. Son las más intensas desde 2022, cuando la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial provocó un levantamiento popular brutalmente reprimido.
Esta vez el detonante de la protesta ha sido la retirada de los tipos de cambio preferentes para productos de primera necesidad, que ha acelerado el alza del precio de los alimentos (que, según algunas estimaciones, ha sido del 70% en 2025) y exacerbado el hundimiento de la moneda nacional, el rial, que ha perdido un 40% de su valor en el último año. A esto hay que sumarle la crisis hídrica (Irán vive una gravísima sequía) y energética, que provoca cortes de agua y apagones regulares. Todo ello no hace sino redoblar el descontento de fondo provocado por la represión y la corrupción.
El hecho de que, en un principio, las protestas, no pusieran en cuestión al régimen en sí sino su competencia para la gestión ha atraído a las calles a manifestantes que generalmente son leales a la República Islámica —especialmente sectores de la pequeña y mediana burguesía comercial— y descolocado al Gobierno de Pezeshkian, que en un principio respondió de forma conciliadora. Sin embargo, los ultraislamistas que en la práctica controlan el país, con el líder supremo Alí Jamenei a la cabeza, han reaccionado con su tradicional brutalidad, acusando a los manifestantes de estar al servicio de agentes extranjeros e incluso de sacrilegio.
Es un reflejo de la debilidad del régimen, cuyas grandes apuestas en política exterior de las últimas décadas (Hamás, Hezbolá, Siria y, ahora, Venezuela) han sido derrotadas o derrocadas. Con el precedente del ataque de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares el pasado junio, los ayatolás temen otro ataque por parte de Washington o Israel para forzar un cambio de régimen, una hipótesis que el propio Donald Trump barajó el pasado día 2.
Desde entonces, Irán ha caído en el ciclo —ya trágicamente familiar— de protestas y represión, con el habitual salvajismo de las milicias islamistas. Desde el jueves, Internet está cortado en todo el país y la información que llega es poca y dispersa. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirma haber verificado la muerte de 538 personas (de las que 48 eran agentes de seguridad) y más de 10.600 detenidos. Imágenes comprobadas muestran bolsas de cuerpos a las puertas de morgues abarrotadas, y testigos fiables indican que hay hospitales que no dan abasto con los heridos.
Con una oposición dividida y pocos puntos en común aparte del descontento, es difícil aventurar que estas protestas —como las anteriores— puedan articularse en un movimiento que descabalgue al régimen. Pero lo que demuestra la indignación popular es que Irán necesita un cambio profundo que empiece por el respeto a los derechos humanos. Los iraníes tienen derecho a decidir su propio futuro, sin guardianes ni tutelas. Ni internas ni externas.
Cortesía de El País
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