La detención del vicealmirante de la Marina, Manuel Farías, confirmada este sábado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene una importancia mayúscula. Primero, por los motivos: huachicol fiscal. Segundo, por tratarse de un militar de alto rango. Tercero, por haber formado parte del círculo del exsecretario de Marina del Gobierno de López Obrador.
¿Se trata de un garbanzo de a libra motivado por la investigación del decomiso de 10 millones de litros de combustible en marzo pasado, un escándalo internacional? ¿Por presiones puntuales de Estados Unidos? ¿O revela un cambio de estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum, dispuesta finalmente a emprender un combate a la corrupción como había prometido el Gobierno de la 4T, sin cumplirlo? El tiempo lo dirá, pero tengo la impresión de que podría ser una mezcla de las razones anteriores. La Presidenta parecería dispuesta a aprovechar una coyuntura favorable para hacer un pronunciamiento dirigido a los grupos e individuos enquistados en el poder.
Empecemos por el primer punto, el huachicol. Desde hace meses era visible el deseo del nuevo Gobierno de combatir el enorme boquete que abre el huachicol fiscal o directo. Imposible dimensionar con exactitud, pero se han mencionado cifras que equivalen al 25% del consumo actual. Probablemente se trate de estimaciones exageradas, pero los decomisos en aumento dan cuenta de un fenómeno muy extendido. Se entiende que toda iniciativa para sanear la economía de Pemex (y mejorar la recaudación fiscal) pasaba por tapar ese boquete.
Evidentemente la Presidenta decidió hacer algo al respecto, pero había algo extraño. Muchos decomisos y muy pocas aprehensiones. Se incautaron buques, almacenes, decenas o centenas de camiones cisterna, millones de litros, pero nunca aparecieron los responsables. A lo mucho algún conductor o un vigilante. Como si el Gobierno quisiera prevenir el fenómeno, pero por alguna razón no deseaba o no podía tocar a los poderosos intereses involucrados. Concediendo el beneficio de la duda, se podría decir que fue el tiempo que requirieron las averiguaciones correspondientes para fincar aprehensiones en firme en tan altas esferas. O quizá fue el lapso que requirió el nuevo Gobierno para emprender una limpieza que algunos estamentos verán como un pulso de poder a poder. Lo cual nos lleva al segundo punto: los militares.
Para ningún poder civil resulta fácil emprender una acción penal en contra de un oficial de alto rango. No solo ahora, sino desde siempre; no solo en México, sino en cualquier país. Los militares constituyen un poder en sí mismo y suelen ser muy celosos de su imagen y sus márgenes de autonomía. De entrada, pues, se trata de una acción susceptible de generar tensiones. Pero era urgente para el Gobierno de Claudia Sheinbaum estar en condiciones de hacerlo. Y no se trata de satanizar a las Fuerzas Armadas, pero en la medida en que Ejército y Marina han asumido tareas de dirección en diversos sectores de la administración pública, era necesario establecer las atribuciones del Ejecutivo para castigar irregularidades sin distinción del gremio al que se pertenezca.
Y este militar, en particular, no era cualquiera (tercer punto). Si bien vicealmirantes hay muchos, más de medio centenar, Manuel Roberto Farías Laguna formó parte del puñado de cuadros de más alto nivel de la Secretaría de Marina del sexenio pasado. Fue comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, pero, sobre todo, según fuentes periodísticas, había sido secretario particular del titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, de quien, además, era sobrino político (hijo de su cuñada). Por donde se le mire, se trata de una detención sensible políticamente, por la gravedad de las acusaciones y la cercanía que guardaba con un miembro del gabinete anterior.
En las próximas horas habrá más información puntual sobre esta detención. Hasta ahora ha trascendido que se trata de una decena de personas que incluyen a un hermano de Manuel Farías y varios empresarios. En particular, la investigación remite a la incautación del buque que llegó al puerto de Tampico en marzo pasado con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. El barco provenía de Texas y portaba documentación que acreditaba un cargamento de aditivos para aceites lubricantes. En su momento resultó evidente que un delito de esta magnitud requería de una operación financiera mayúscula, flujos bancarios, contrataciones ilegales y permisos fraudulentos. Es decir, el involucramiento de empresarios y funcionarios a distintos niveles, a ambos lados de la frontera. No está claro en qué grado habrían participado las autoridades estadounidenses en esta investigación, pero es obvio que la indagación tiene que haber sido conjunta.
En suma, importante como es la detención de un presunto grupo criminal vinculado a las altas esferas, particularmente tratándose del huachicol, respecto al cual la 4T tenía una deuda pendiente, el caso tiene una significación política a la vista. En cierta forma un pronunciamiento de la Presidenta respecto al resto de los poderes fácticos e incluso al interior de las alianzas con las que el Gobierno de la 4T opera. Desearía que esto signifique que militares, dirigentes de partidos, líderes sindicales, empresarios corruptos y gobernadores han sido advertidos de que no habrá impunidad, sin importar la adscripción política o los supuestos “méritos en campaña”. Ojalá sea así.
En todo caso, el hecho habla de la fuerza con la que se siente la Presidenta, a casi un año de llegar a Palacio. Eso, y su habilidad para aprovechar, como en el judo, las presiones estadounidenses en su favor y poner orden entre el resto de los actores del entramado de poder en México.
Cortesía de El Informador
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