Una jueza federal estadounidense impidió el miércoles que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones ante la deportación para miles de migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Las decisiones del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal para unos 89,000 migrantes no consideraron adecuadamente las condiciones en los tres países que les impedirían regresar, escribió la jueza de distrito Trina Thompson.
La jueza citó declaraciones de Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las que retrataban a los inmigrantes como criminales.
“Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, escribió Thompson.
El TPS proporciona alivio de deportación y permisos de trabajo a personas que ya están en Estados Unidos si sus países de origen sufren un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. En virtud del programa, Noem tiene autoridad para conceder, prorrogar o poner fin a las designaciones de TPS para países específicos.
La Corte Suprema permitió en octubre que el Gobierno federal ponga fin al TPS para unos 300,000 venezolanos, pero los tribunales inferiores han seguido fallando en contra de otras medidas.
El programa ampara a unos 72,000 hondureños, 13,000 nepalíes y 4,000 nicaragüenses, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
rrg
Cortesía de El Economista
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