Personas identificadas por “obstaculizar” el acceso a la justicia, con antecedentes de denuncias por violencia sexual, así como cuestionadas por su cercanía con gobiernos de distintos partidos, tanto a nivel local como federal, se acercan a ocupar cargos en el Poder Judicial, de acuerdo con los Cómputos Distritales Judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE).
A manera de ejemplo, para el puesto de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sara Irene Herrerías, exsubprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces Procuraduría General de la República, “intentó negociar el caso Isabel Miranda de Wallace e Israel Vallarta” a cambio de que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ya no denunciara ningún otro caso de tortura y otras violaciones a derechos humanos.
Cortesía de Unomásuno.
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