La Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) rechazó la propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 que obliga a las plataformas digitales a permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso “permanente, en línea y en tiempo real” a sus sistemas y registros.
En un posicionamiento público, el lobby de las empresas de internet en América Latina calificó la medida como “inconstitucional y desproporcionada”, advirtió riesgos a la privacidad y la seguridad de los datos y pidió un proceso de diálogo técnico y consulta pública antes de avanzar con la norma.
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La iniciativa del Ejecutivo propone adicionar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación para exigir que los prestadores de servicios digitales (según lo definido en los artículos 1o.-A BIS y 18-B de la Ley del IVA) permitan a las autoridades fiscales acceso en línea y en tiempo real a la información relacionada con sus operaciones, en los términos que establezca el SAT por reglas de carácter general.
El incumplimiento, establece la iniciativa, daría lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley del IVA.
El documento de exposición de motivos que acompaña la iniciativa argumenta que la medida busca mejorar la eficiencia recaudatoria y disponer de información inmediata sobre las operaciones de la economía digital, que han crecido de forma significativa y, a juicio del Ejecutivo, requieren controles electrónicos para asegurar el cumplimiento fiscal.
El texto indica además que el SAT definiría las especificaciones técnicas mediante reglas generales y celebraría convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para la gestión tecnológica o el análisis de datos.
La Alai respondió que la propuesta, tal como está redactada, habilita un acceso sin delimitación clara a bases de datos privadas y a información de usuarios, lo que, advirtió la asociación, vulnera derechos constitucionales como la privacidad y el debido proceso, además de poner en riesgo la ciberseguridad y la confianza de millones de usuarios.
El posicionamiento insiste en que no existen precedentes democráticos que permitan al gobierno acceso directo, permanente y en tiempo real a bases de datos privadas del sector digital, y alerta sobre el efecto disuasorio que tendría en la inversión y la libertad de expresión si se mantienen facultades de bloqueo.
La iniciativa contempla que el bloqueo temporal se realice por conducto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en los términos previstos en la Ley del IVA, como sanción administrativa ante el incumplimiento.
El propio texto legislativo equipara esta obligación a otras ya previstas (como la inscripción en el RFC y la designación de representante legal) cuya violación puede derivar en el bloqueo del servicio.
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La iniciativa del Ejecutivo pone énfasis en la trazabilidad de las transacciones digitales para combatir prácticas fiscales indebidas y mejorar la recaudación, mientras que la Alai pone el foco en los riesgos constitucionales, técnicos y de seguridad que implica dar acceso persistente a sistemas privados sin marcos de control y garantías adecuadas.
La Alai reclama en su posicionamiento abrir un proceso de diálogo técnico y una consulta pública para hallar soluciones equilibradas que protejan derechos y no afecten la estabilidad del ecosistema digital.
La propuesta del Ejecutivo abre la puerta a un acceso fiscal directo y permanente a datos de plataformas digitales y contempla sanciones operativas (bloqueos). La industria, representada por la Alai, exige garantías, límites claros y procesos de consulta antes de que el Congreso apruebe cualquier cambio que, según la asociación, pueda afectar derechos fundamentales y la estabilidad del ecosistema digital.
Cortesía de El Economista
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