La revuelta no vino de Beijing, ni de la Unión Europea o México. Esta vez, el estallido comenzó en casa, y se propagó como pólvora legal por los tribunales de Estados Unidos. La mecha la encendieron cinco pequeñas empresas y una docena de estados que actuaron en conjunto que, hastiados del castigo comercial que impuso Donald Trump desde la Casa Blanca, decidieron demandarlo y el fallo fue a su favor.
El 28 de mayo de 2025, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dio un golpe en la mesa: declaró ilegales los aranceles conocidos como “Día de la Liberación”, una ofensiva arancelaria orquestada por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Concluyó que el expresidente cruzó la línea. No solo excedió la autoridad que le otorga esa ley, también se brincó al Congreso, único habilitado para gravar productos y definir reglas del comercio exterior.
El impacto no se limita al terreno jurídico. Según cálculos del Tax Foundation, si estos aranceles bajo la IEEPA desaparecen de forma permanente, los ingresos fiscales caerían en 1.4 billones de dólares en 10 años. Aun así, el efecto en el PIB apenas se movería de 0.7% a 0.1%. La carga tributaria promedio bajaría de 1,155 dólares a solo 275 por hogar. La conclusión del think tank es que los aranceles recaudan mucho, pero entregan poco.
“No hay presidente que pueda imponer impuestos al pueblo sin que sus representantes levanten la mano”, sentenció Dan Rayfield, fiscal general de Oregón y líder de la demanda multiestatal. Sus palabras no solo apuntaron a una batalla jurídica. Detrás late una guerra política, económica y simbólica sobre los límites del poder presidencial en la primera economía del mundo.
Empresas contra la Casa Blanca
Las víctimas del fuego amigo están en Pennsylvania, en Nueva York, en Illinois. Son empresas como FishUSA, que vende equipo para pesca; Genova Pipe, dedicada a sistemas de plomería; Terry Cycling, con bicicletas hechas a medida; MicroKits, que distribuye productos educativos de laboratorio; y V.O.S. Selections, un importador de vinos. Todas operan con márgenes apretados.
El dueño de V.O.S. Selections, Victor Schwartz, y que encabeza la batalla de las pequeñas empresas, celebró el fallo como si fuera la cosecha del año. “Esto no es solo por nosotros, es por todas las compañías que enfrentan tarifas injustas, sin lógica ni justificación”, dijo. El daño ya alcanzó a proveedores, distribuidores y clientes.
Jeffrey Schwab, abogado del Liberty Justice Center y quien lleva el caso, lo dice contundente: “Estas tarifas son impuestos disfrazados. Castigan a quienes producen, a quienes venden, a quienes compran. No pasaron por el Congreso, no pasaron por ningún debate público. Aparecieron de un plumazo”.
La demanda de estas cinco pequeñas empresas que ya obtuvieron un fallo junto a 12 estados , todos demócratas, no es la única, existe otra que aglutina a 11 compañías que también alegan las ilegalidad e inconstitucionalidad de los aranceles de Trump.
Son empresas como Mischief Toy Store, que importa figuras de colección y paga aranceles de 30% por cada juguete. O como Princess Awesome, que diseña ropa infantil con telas extranjeras. Cada caja que llega, llega con sobreprecio. Stonemaier Games, que fabrica juegos de mesa, ya calcula pérdidas millonarias por culpa de las medidas de Trump, sin aviso, sin criterio, sin contrapeso.
Otra de ellas, KingSeal, dedicada a productos para servicios de alimentos, ya desembolsó 13,000 dólares en tarifas adicionales. Ese dinero, que antes servía para pagar sueldos, expandir catálogos o reducir precios, ahora se esfuma en una pila de aranceles que ni los propios agentes aduanales logran descifrar.
Un fallo unánime, un mensaje directo
La defensa de Trump no titubea. El expresidente apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que otorgó una suspensión temporal . Mientras tanto, los aranceles siguen en vigor, como si nada hubiese pasado. Pero la pausa tiene fecha de caducidad. El tribunal fijó el 5 de junio para que los demandantes respondan y el 9 para que lo haga el gobierno.
Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason y coabogado del caso de las cinco pequeñas empresas que ganaron, confía en que la apelación no resistirá mucho tiempo. “Este proceso no tomará meses, bastará con un par de semanas”, afirmó. Si la corte confirma el fallo, los aranceles deberán desaparecer. Incluso obligarían al gobierno a devolver millones de dólares cobrados indebidamente.
El tribunal recordó que la IEEPA fue diseñada para enfrentar amenazas extraordinarias, no para manipular el comercio internacional como si fuera una palanca política. Trump la usó para justificar medidas contra el déficit comercial y el tráfico de fentanilo, pero ninguna amenaza se vinculó con precisión a los aranceles aplicados.
El fallo se dio por unanimidad. Lo firmaron tres jueces: Gary Katzmann, nominado por Obama; Jane Restani, por Reagan; y Timothy Reif, designado por el propio Trump. Que uno de los suyos haya votado en contra desnuda la fragilidad legal del argumento presidencial.
Reif no viene de la Sociedad Federalista, pero formó parte del equipo de Robert Lighthizer, el arquitecto comercial de la era Trump. Si alguien conocía la maquinaria arancelaria, era él. Y aun así, votó para desmontarla.
Los 12 estados respaldan la cruzada legal son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Vermont y, por supuesto, Oregón, que la encabeza. Unidos, defienden no solo a sus negocios locales, también a sus votantes. Según estimaciones del fiscal Rayfield, los aranceles de Trump le cuestan al estadounidense promedio 3,800 dólares al año.
California tampoco se rinde. El estado con la economía más grande de Estados Unidos presentó su propia demanda. El gobernador Gavin Newsom acusa al presidente Trump de ser incapaz de proporcionar una justificación estable para sus aranceles caóticos e ilegales, y eso ha significado impactos devastadores para innumerables pequeñas empresas.
Mientras los tribunales deliberan, expertos coinciden en que Trump ya baraja alternativas. Puede usar la Sección 301 para imponer aranceles con base en prácticas desleales de comercio. De hecho, hace poco la Oficina del Represente Comercial presentó un documento, en el cual se señalan una serie de barreras que tienen más de 50 países en contra de Estados Unidos. Se incluye a México , Canadá, China, la Unión Europea, India, Japón. Prácticamente a todos los países a los que ahora señala mediante la IEEPA.
También puede desempolvar la Sección 338, una reliquia de los años 30. Incluso tiene la posibilidad de ampliar el uso de la Sección 232, pensada para proteger la seguridad nacional. Peter Navarro, consejero de Trump, ya lo dejó claro: los aranceles seguirán.
Pero la batalla legal marca un parteaguas. Si triunfa la apelación, Trump afianzará una vía para imponer aranceles sin Congreso. Si fracasa, se le cerrará la puerta a una política económica unilateral. Pero opciones tiene.
Cortesía de Expansión
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