El pasado 3 de enero el mundo despertó con la noticia de la captura de Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela. En los días siguientes, abundaron análisis y opiniones tanto a favor como en contra. Desde una perspectiva económica, la noticia resulta positiva tanto para Venezuela como para su población. No es un asunto menor que se inicie un proceso de reconstrucción de la infraestructura petrolera y, en el ámbito cotidiano, el restablecimiento del abasto de insumos y de servicios básicos para una población profundamente golpeada por años de crisis.
Entre los comentarios vertidos, se han establecido paralelismos con la captura de Sadam Hussein en Irak, ocurrida el 13 de diciembre de 2003 tras nueve meses de persecución. Sin embargo, la comparación más recurrente ha sido con la detención de Manuel Antonio Noriega, tras la intervención militar estadounidense denominada Causa Justa, iniciada por el presidente George H. Bush el 20 de diciembre de 1989 en Panamá.
Las razones esgrimidas entonces resultan, curiosamente, similares: vínculos con el crimen organizado, tráfico de drogas y la usurpación del poder frente al que se consideraba el legítimo ganador de las elecciones del 7 de mayo de 1989, Guillermo Endara, quien asumió la presidencia prácticamente de manera simultánea a la captura de Noriega.
Las similitudes con Venezuela también son relevantes si se consideran la importancia estratégica y geopolítica de Panamá. Venezuela concentra cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo, mientras que Panamá constituye un centro financiero de importancia global y alberga el canal que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Esta obra fue construida entre 1904 y 1914 por Estados Unidos, después de que Francia abandonara el proyecto por problemas financieros.
Al igual que Maduro, quien asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Noriega consolidó su control sobre Panamá después del fallecimiento, en 1981, de Omar Torrijos en un extraño accidente aéreo. Torrijos fue el líder panameño que logró la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, para devolver a su país el control del canal a partir de diciembre de 1999.
Conocí de manera indirecta a Noriega —al acompañar a una delegación mexicana— en el verano de 1988 en Río Hato, donde las fuerzas armadas panameñas contaban con una base militar. Ello ocurrió durante una visita de trabajo del entonces secretario de Agricultura de México, Eduardo Pesqueira Olea, quien, si bien no tenía una participación central en las conversaciones del Grupo Contadora —iniciativa diplomática para buscar una solución a los conflictos armados en Centroamérica—, que eran la causa habitual de las reuniones en Panamá, se encontraba ahí con motivo de una reunión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El general Noriega invitó a los representantes de los países de Centroamérica y de México que asistían a dichas reuniones a sostener un encuentro informal. A pesar del tono relajado, uno de los temas abordados, entre sonrisas nerviosas, fue la presión ejercida por Estados Unidos para que abandonara el poder. Dado que estaba en curso la elección presidencial estadounidense, recuerdo que uno de los asistentes comentó que, una vez que ganara Michael Dukakis —quien entonces encabezaba las encuestas—, la situación del general y de Panamá mejoraría.
Esta es otra similitud con el caso Maduro. En un ejercicio de análisis contrafactual, de haber ganado los demócratas en 1988 y en 2024, probablemente Noriega habría continuado gobernando con mano dura y lavando dinero para los narcotraficantes colombianos, y Maduro seguiría gobernando Venezuela con absoluta tranquilidad.
Lo que aguarda a Maduro es otro déjà vu, pues al igual que Noriega —condenado a 40 años de prisión, de los cuales cumplió 17 antes de regresar a Panamá, donde murió en 2017—, pasará un número considerable de años en la cárcel. Queda como lección aquel proverbio sajón que dice to have your cake and to eat it too; es decir, no se pueden sostener dos cosas incompatibles al mismo tiempo.
Por ello, México debe dejar atrás doctrinas anacrónicas —como la doctrina Estrada— y abandonar un gobierno de consignas. En su lugar, debe definir con claridad sus prioridades y orientación estratégica, que por razones demográficas —12 millones de mexicanos en Estados Unidos— y de peso económico —comercio bilateral por 800,000 millones de dólares, remesas por 61,000 millones e inversión extranjera directa por 20,000 millones de dólares— no se encuentran en el Sur, sino en el Norte.
Cortesía de El Economista
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