Luego de la marcha contra la gentrificación que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se ha abierto la discusión sobre la desigualdad territorial en la capital y puso en el centro del debate hasta dónde puede crecer la urbe sin dejar atrás a quienes la habitan.
De acuerdo con Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat para América Latina, las protestas reflejan un problema de fondo en la urbe: la molestia y la inconformidad de los capitalinos frente a la desigualdad, lo cual también se refleja en el mercado habitacional de la capital del país.
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“En el contexto de la marcha, podemos detenernos a pensar que realmente sí se ha discriminado de forma estructural: a las personas que menos tienen. No podemos decir que toda la población vive en goce de sus derechos, no es una ciudad para todos y todas”, comentó durante su participación en un foro organizado por el Instituto para la Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).
Y es que el precio promedio de la vivienda en la capital mexicana alcanzó los 3 millones 866,210 pesos en el primer trimestre del 2025, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Según los cálculos, una persona tendría que ganar más de 100,000 pesos mensuales para comprar una casa con crédito hipotecario a 20 años.
En este contexto, la consultora 4S Real Estate encontró que únicamente ocho de cada 100 habitantes de la capital mexicana pueden pagar 85% de las casas y departamentos disponibles en el mercado.
Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, afirmó que el proceso de especulación inmobiliaria se aceleró en la capital a falta de una política habitacional adecuada que garantice acceso a vivienda asequible.
“No hemos abordado adecuadamente el fenómeno de la gentrificación en la ciudad. Y vienen asociados otros fenómenos en los que hay que tener mucho cuidado para no llegar a una cultura de xenofobia y de rechazo que no va de acuerdo con esta ciudad que se ha caracterizado con una forma de vida abierta a la globalidad sin discriminación”, declaró Encinas.
Desigualdad en todos los ámbitos
Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la ciudad y la justicia territorial, basado en principios de justicia social, democracia, participación e igualdad, ha fallado en hacerlo realidad para todos los habitantes.
Pablo Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, apuntó que la brecha habitacional es el punto de partida de diversas desigualdades, las cuales se profundizan al analizar a nivel metropolitano, es decir, al incluir las periferias de la urbe.
“Tenemos una ciudad con desigualdades internas muy profundas, es fundamental hacerlas explícitas y contar con las políticas adecuadas para cerrarlas. Porque están en todos los ámbitos: propiedad, ingresos, justicia hídrica, ambiental, acceso a equipamiento urbano, cultural, calidad de movilidad, iluminación”, declaró.
Un informe emitido por el IPDP encontró que, de las 16 alcaldías que conforman la capital, la de mayor esperanza de vida es Benito Juárez, con un promedio de 72.89 años. Este indicador tiene una marcada diferencia en demarcaciones como Iztapalapa (63.28 años) y Tláhuac (64.61 años).
Mercantilización del suelo, la raíz
Para Yanes Rizo, una de las raíces de la crisis habitacional es el suelo y su mercantilización. Ante la escasez de territorio disponible en la Ciudad de México, las decisiones de inversión, de construcción de vivienda e infraestructura son determinadas por el precio de la tierra.
“El suelo se ha convertido en un planificador de facto, se nos mercantilizó la planeación. Es necesario una nueva economía política del suelo para la ciudad. Hay espacio para crecer hacia arriba”, dijo el funcionario.
Al respecto, Emanuelli refirió que se requiere voluntad política para discutir cambios regulatorios con el objetivo de que la ciudad pueda cobrar impuestos al suelo ocioso, incrementar las causales de expropiación e impulsar cambios de suelo en terrenos subutilizados, pero esto implica una voluntad política para generar suelo.
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Cortesía de El Economista
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