El sector agroalimentario de México, que representa el 14.3% del PIB nacional (equivalente a 5 billones de pesos), enfrenta un panorama desafiante marcado por limitaciones presupuestarias y crecientes fricciones geopolíticas, según análisis de César Rafael Ocaña Romo, director de NexusAgronegocios.
A pesar de su relevancia económica, el presupuesto federal asignado al sector primario es limitado. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, de 9.1 billones de pesos, destina aproximadamente el 70% a gasto corriente, participaciones y pensiones, dejando solo un 25% para inversión real. Esta situación restringe áreas cruciales como infraestructura, innovación y estímulos productivos. Para 2026, si bien el gasto neto crecerá, la función de Agricultura y Desarrollo Rural apenas aumentará un 0.9%, mientras que CONAGUA incluso retrocederá -1.16%.
Esta disparidad se agrava por la concentración territorial del PIB, donde cuatro estados (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León) generan el 40%, dejando al resto de las entidades con menor inversión e infraestructura. Las regiones agroexportadoras, aunque competitivas, operan como “islas” en este contexto.
El sector agroindustrial está en el centro de las fricciones de la nueva geopolítica global. México enfrenta aranceles a productos como el tomate, frutas y hortalizas, cierres sanitarios al ganado, suspensiones de exportación de aguacate por razones de seguridad, y disputas por restricciones al maíz transgénico y glifosato. Temas como la migración y el fentanilo se han convertido en un paraguas de “seguridad” que engloba medidas arancelarias, migratorias y regulatorias.
La dinámica del comercio global ha pasado de la eficiencia a la seguridad, la energía, los alimentos y la tecnología, exponiendo puntos de presión entre México y Estados Unidos. A pesar de esto, el déficit comercial de EE. UU. representa una oportunidad para México. La cercanía y la experiencia exportadora mexicana pueden satisfacer la demanda estadounidense de frutas y hortalizas, complementando con importaciones de granos.
El T-MEC, con sus exigentes reglas, aborda agendas sensibles en materia laboral, ambiental, sanitaria y automotriz. La consistencia en el cumplimiento de estándares y la anticipación de riesgos son cruciales para la permanencia en las cadenas de suministro.
La situación se complejiza con reformas internas como la judicial y electoral, que elevan el riesgo y generan dudas sobre la independencia judicial y la incertidumbre postelectoral, impulsando a sectores productivos a diversificar inversiones en el extranjero.
Finalmente, el agua es la variable crítica. Las sequías impactan granos, frutas, hortalizas y ganado, incrementando el estrés hídrico. La ausencia de una política pública para el campo comercial es un problema grave, ya que, como enfatiza Ocaña, “sin agua, no hay agro ni mercado posible.”
A pesar de estos desafíos, México cuenta con una ventaja geográfica estratégica que le permite consolidar un portafolio agropecuario que complementa las ventanas productivas de Estados Unidos y Canadá, lo que podría fortalecer la política pública en el campo, generar empleo y desarrollo.
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Cortesía de El Economista
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