Por Horacio Rivera
La atribulada historia de Juchitán, Oaxaca, abarca la reciente detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, y los narcobloqueos atribuidos a la maña y a la policía municipal. ¿Pero cómo se le puede exigir a un gobierno que actúe contra la maña, cuando el mismo pueblo es quien la protege?
Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, llegó a la alcaldía de Juchitán en 2022 en sustitución del alcalde chapulín, Emilio Montero Pérez, quien dejó botado el cargo para irse a buscar hueso en el gabinete estatal. Ya luego, Sánchez Altamirano obtuvo la reelección por Morena y asumió un nuevo mandato directo para el periodo 2025-2027. Una vez instalado en el cabildo, el flamante presidente municipal comenzó a hacer de las suyas. Había que echarle ganas, pues nada más quedaban dos años para atenderse con la chuchara grande. Pero se le pasó la mano. Y lo torcieron. Junto a Sánchez Altamirano, también fue arrestado el comisionado de la policía municipal y otros mañosos del ayuntamiento, señalados de proteger a “Los Cromos”, una franquicia criminal, ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación. En el menú delincuencial los platos fuertes eran el cobro de piso, el narcomenudeo y por supuesto la extorsión a comerciantes. Lo que resulta incomprensible es que tras la captura del Edil, simpatizantes, mototaxis y, hasta policías municipales, levantaran bloqueos carreteros en los principales entradas a Juchitán. Muy similar a los bloqueos que hemos visto en distintas ciudades del país, cada vez que Omar García Harfuch y su army atoran a algún líder de la maña local. Todo el pueblo salta.
Pueblo bueno
Todo esto obliga a preguntarse por qué el pueblo protesta violentamente contra el gobierno federal, toda vez que éste lo ha liberado de un malandro que lo extorsionaba y lo agredía desde hace varios años. ¿No es un contrasentido? La única explicación es que el pueblo, o parte de él, se beneficiaba de las chapuzas del flamante alcalde. Dicho sin ambages, unos y otro eran cómplices. No está fácil investigar y meter a tanta gente a la cárcel. Es como cuando un tráiler cargado de mercancía se vuelca en una carretera y los pobladores se abalanzan sobre el tráiler para saquearlo. O cuando, luego de un huracán, la turba invade los supermercados. Y en vez de llevarse agua o comida, prefieren cargar con una pantalla HD o un Nintendo. Juchitán es la muestra de que los gobernantes son producto, tanto de las pifias, como de los aciertos de los gobernados. Un mal gobernante no sólo es responsabilidad del partido que lo postuló, sino también del pueblo que lo puso en el poder. Y peor si ese pueblo además se colude con las transas del poderoso. En el caso de Juchitán habría que reflexionar también en el temperamento y la ideología que mueve a su gente. Juchitán es una tierra de profunda resistencia indígena zapoteca y rebeldía histórica. Juchitán fue uno de los primeros pueblos mexicanos en ser gobernados por una coalición de izquierda, la coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Se podría pensar que por tratarse de un pueblo con vocación socialista, sus gobernantes están comprometidos con defender y velar por los derechos de la comunidad. Suena bien en el discurso, pero en la práctica cada cual ve por su propia menda. El dictador Porfirio Díaz, en una entrevista que le hicieron en 1907, describió con aguda precisión el temperamento del mexicano. Según Díaz: “El mexicano como regla general piensa mucho en sus derechos privados y está siempre muy atento a defenderlos, pero no hace lo mismo con los derechos colectivos. Reclama, sí, sus privilegios, pero le preocupan poco sus obligaciones. La facultad de dominarse a sí mismo es la base de la democracia, y esa propia restricción sólo es posible en aquellos que reconocen el derecho de los demás”. Esta reflexión además de describir por sí misma cómo piensa una buena parte de los mexicanos, también explica en gran medida por qué no existe una verdadera cohesión social, guiada por un proyecto de nación en común. Como dijo Díaz, cada mexicano ve para sí mismo, pero no le preocupan los de al lado. Y eso llevado a la realidad cotidiana suele dar como resultado un pueblo dividido, en el que una parte busca beneficiarse a costa del perjuicio de la otra.
Puntadas
Ante los abusos del poder, como los del ex alcalde de Juchitán, nuestros diputados se pusieron creativos y se inventaron una cosa llamada “Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas”, la cual se supone que se dedicará a evitar que los narcocandidatos y demás mañosos participen en los procesos electorales. En pocas , la Comisión recibirá los listados de personas que aspiren a un puesto de elección popular para que, en coordinación con las instancias en materia de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, se haga un análisis de riesgo de los perfiles de quienes van a competir en la elección. Hasta ahí todo va bien. El problema es que la mentada Comisión no cuenta con la autoridad para obligar a un determinado partido a que baje a sus candidatos de la contienda electoral, aunque sus antecedentes indiquen que son auténticos malandros. O sea que al final de toda la simulación, dependerá del propio partido decidir quién compite y quién no. Vaya tomada de pelo. A menos que la propia Comisión haga públicas las trayectorias de aquellos candidatos que tienen pacto con la maña. Y que la opinión pública y los medios presionen para que no sean postulados. Sí cómo no. En la próxima elección continuaremos teniendo aspirantes a alcaldes y gobernadores que serán postulados, más por su fama y aceptación mediática, que por su honestidad y eficiencia para gobernar. El caso del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es la clara muestra de ello. Tarde que temprano volveremos a saber de otro caso como el del ex alcalde de Juchitán. Y le volveremos a exigir al gobierno que actúe. Cuando también deberíamos voltear a ver a quienes votaron por él.
Dejanos un comentario: