Las principales pruebas que recibía día a día la Fiscal Marita Berreto sobre diversos actos de corrupción del entonces presidente Pedro Castillo fueron reveladas por gente del entrono y confianza del propio presidente. No surgieron de enemigos políticos, sino de gente que trató de sortear la cárcel, y para hacerlo, aportaba pruebas.
Los perfiles que Pedro Castillo eligió para ocupar cargos públicos parecían, por decir lo menos, absurdos.
Richard Rojas, un técnico que reparaba televisiones, fue nombrado embajador en Panamá, pero este gobierno le negó el beneplácito.
Hernán Condori, un vendedor de agua, fue nombrado ministro de Salud. Íber Maraví, militante de Sendero Luminoso, autor de atentados en los años ochenta, fue nombrado por Castillo como ministro de Trabajo, y como viceministro, a Pedro Castilla Torres, un acusado por asesinato.
Luis Barranzuela fue nombrado ministro del Interior sin importar que fuera abogado de acusados de lavado de dinero, tráfico de armas y estafas; Óscar Zea, acusado en 2017 por homicidio calificado, ocupó el ministerio de Agricultura; Héctor Valer ocupó durante cuatro días la presidencia del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, luego de que revelaran denuncias en su contra por robo, fraude procesal y violencia familiar.
Bruno Pacheco, quien había ocupado la secretaría particular del presidente Pedro Castillo, y como escribí la semana en esta columna, escondía 20 mil dólares en efectivo el día en que la policía ingresó a su oficina, en la casa presidencial; fue uno de los principales delatores en contra de su exjefe.
Pacheco, frente a lo que podrían pensar los presidentes mexicanos López Obrador y Claudia Sheinbaum, o inclusive, el doctor siquiatra y secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, no pertenecía a un partido opositor.
El segundo de Pacheco, Beder Ramón Camacho Gadea, también fue descubierto en actos de corrupción, y terminó siendo un delator.
Una vez que ganó las elecciones presidenciales, el objetivo de Pedro Castillo fue depredar el erario nacional desde el primer día. Ubicó las localidades de Anguía, Tacabamba, Chota, Chiclayo y Lima para robar el presupuesto a través de licitaciones de obras públicas dirigidas hacia sus amigos.
Uno de los rasgos de Castillo era la traición. El capitán Carlos Martínez, miembro del equipo de la Fiscal Marita Berreto, le preguntó a Beder Ramón Camacho por qué había decidido acogerse al programa de delatores. Su respuesta retrató a Pedro Castillo: “Si a Bruno Pacheco, que era su amigo desde la huelga magisterial de 2017, que fue su jefe de campaña y andaban siempre juntos, si a él lo ha maltratado y no le ha cumplido, conmigo va a ser peor. Yo no soy de su grupo y ellos mismos se traicionan”. (Declaración judicial de Beder Camacho en poder de esta columna.)
El capitán Carlos Martínez, colaborador de la Fiscal Marita Berreto, escribió la declaración de Beder Camacho.
“El hombre tenía mucha información sobre los asesores en la sombra (del presidente Pedro Castillo), sobre los sobornos al presidente para los ascensos de los generales de la policía, Tiburcio y Vera, dándoles el cargo a cambio de “lealtad”, o sea, que no busquen y que protejan a los prófugos. Nos habló de Salatiel Marrufo y los negociadores de Vivienda y Construcción y de Alejandro Sánchez y la casa de Sarratea”, escribe el capitán Martínez en una declaración.
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Cortesía de El Economista
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