La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como “parole humanitario”. La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
La máxima corte estadounidense concedió la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
Parole humanitario
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados. En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países. En su fallo la jueza de Boston había afirmado que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país. Sin embargo, el máximo tribunal falló a favor del gobierno y suspendió la orden de lajueza Talwani.
“Consecuencias devastadoras”
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Brown Jackson y Sotomayor disintieron. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales legales siguen pendientes”, según el documento. “El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación. (El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables,” escribieron.
“Los migrantes se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen, sufrir una separación familiar y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso. Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (…) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, argumentaron las magistradas.
Las organizaciones de defensa de los migrantes también criticaron el fallo. “Es la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas, y forma parte de un intento más amplio del poder ejecutivo de justificar nuevas medidas represivas contra las familias en todo el país. El Gobierno no demostró ningún daño remotamente comparable al que se producirá si medio millón de personas pierden sus empleos y se ven sujetas a la deportación”, dijo Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, en un comunicado.
Promesa de campaña
Durante la campaña electoral de 2024 Trump prometió deportar a millones de migrantes en situación irregular y tras asumir puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo. Desde que asumió la presidencia por segunda vez el 20 de enero se ha enfrentado a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante. Por el momento le ha dado alegrías y disgustos.
Otros casos
Hace unos días el máximo tribunal frenó el fallo de una corte que impedía revocar el estatus de protección temporal (TPS) que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados del país. Pero se trató también es una medida temporal, mientras continúan los litigios en los tribunales.
En abril la Corte Suprema intervino para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798. Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización terrorista global por Washington.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en el estado de Texas y en mayo los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
Pero la administración no se da por vencida y ha vuelto a recurrir a la corte, esta vez para que facilite la expulsión de migrantes a Sudán del Sur o a países de donde no son originarios.
El gobierno estadounidense asegura que envió a Sudán del Sur, un país en guerra y objeto de una advertencia de viaje del Departamento de Estado, a ocho migrantes condenados por delitos violentos, ya que sus países de origen se negaron a acogerlos. Entre ellos figuran dos cubanos y un mexicano.
Cortesía de Página 12
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