En la actualidad, hablar de inmigración en Estados Unidos es todo menos simple y nada tiene de amable. En medio de un clima hostil hacia quienes intentan cruzar sus fronteras en busca de una vida mejor, la Corte Suprema –con mayoría conservadora– decidió darle vía libre al gobierno de Donald Trump para deportar inmigrantes a “terceros países”. Eso significa que cualquier persona que llegue a suelo estadounidense sin papeles podría ser enviada a una nación con la que no tiene ningún vínculo, salvo el de no ser Estados Unidos.
El fallo, de seis votos contra tres, generó preocupación, sobre todo en organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas, que advierten sobre el riesgo de convertir a los migrantes en piezas descartables, enviadas a territorios desconocidos sin red ni garantía alguna.
Del otro lado, la administración Trump festejó el fallo como un triunfo político. Tricia McLaughlin, vocera adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, no dudó en calificar la medida como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
De portazo en portazo
Hasta ahora, una medida cautelar dictada en abril por el juez federal Brian Murphy –nombrado durante la gestión de Joe Biden– frenaba las deportaciones exprés, obligando al gobierno a conceder un plazo para que los migrantes pudieran presentar objeciones antes de ser expulsados.
Pero con este fallo, la Corte Suprema eliminó ese resguardo. El procurador general, D. John Sauer, no dejó lugar a dudas: acusó a los tribunales inferiores de obstaculizar los intentos del gobierno por expulsar, según sus palabras, a “algunos de los peores entre los peores inmigrantes ilegales”.
Sin embargo, no hubo unanimidad. Desde la minoría, la jueza Sonia Sotomayor advirtió con contundencia: “En asuntos de vida o muerte, lo mejor es proceder con cautela. En este caso, el Gobierno tomó el camino opuesto”.
La decisión está en línea con la política migratoria endurecida desde enero, tras el regreso de Trump y su promesa de cerrar fronteras y acelerar las expulsiones. Desde entonces, organismos humanitarios y asociaciones de migrantes vienen alertando sobre el impacto de estas medidas.
Advierten que la política de “terceros países” puede transformarse en una máquina de deportar personas sin posibilidad de defenderse ni garantías mínimas. Y recuerdan que, en esa carrera, lo que se ponen en juego no son votos, son vidas.
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Cortesía de Página 12
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