La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes dos órdenes de arresto contra dos figuras centrales del régimen talibán: Haibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes, y Abdul Hakim Haqqani, presidente de la Corte Suprema afgana. Ambos son acusados de persecución por motivos de género a mujeres y minorías en Afganistán, que la CPI considera un crimen de lesa humanidad.
Según el tribunal con sede en La Haya, estos crímenes se han perpetuado desde la llegada de los talibanes al poder, en agosto de 2021, y persisten al menos hasta enero de 2025. “Aunque los talibanes impusieron restricciones a toda la población, dirigieron sus ataques específicamente contra las mujeres y las niñas por su género, privándolas de derechos fundamentales”, explicó la CPI.
El tribunal ordenó la detención de ambos líderes, al considerar que recolectaron “pruebas suficientes“, para considerar que “han cometido, ordenado, inducido o solicitado” el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas “que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género”.
La Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI destacó que las órdenes de arresto se basan en el principio fundamental del Estatuto de Roma, tratado que rige la CPI, para proteger a las poblaciones civiles de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos, especialmente de grupos vulnerables. “La persecución por motivos de género abarca no solo actos directos de violencia, sino también formas de daño sistemático e institucionalizado, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias”, señaló la sala en su comunicado.
Sin embargo, el tribunal también señaló que las políticas talibanas en Afganistán constituyen “graves violaciones de derechos fundamentales”, que incluyen actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas.
Un arresto político
Akhundzada y Haqqani representan dos de los pilares del régimen talibán, cuyos bastiones de poder se encuentran en Kandahar y Kabul, respectivamente. Aunque ambos líderes rara vez salen de Afganistán, el impacto político de estas órdenes de arresto es significativo.
Akhundzada es el líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán, conocido como el “Amir al-Muminin” (Comandante de los Fieles), lo que le confiere un poder absoluto. Figura reclusa que rara vez aparece en público, Akhundzada gobierna desde su bastión en la provincia de Kandahar, al sur del país. Como erudito islámico ultraconservador, se le considera el arquitecto de las políticas más crueles contra las mujeres y las niñas.
Por su parte, Haqqani es el presidente de la Corte Suprema y de la estricta ley islámica en todo el país, que incluye castigos severos como ejecuciones y flagelaciones públicas, y la implementación de decretos que restringen las libertades de las mujeres.. Miembro fundador del movimiento talibán, Haqqani es una figura respetada dentro de la organización, conocido por su dedicación religiosa. Fue también jefe negociador talibán en las conversaciones de paz de Doha con Estados Unidos en el año 2020.
Un “apartheid de género”
Tras la toma de Kabul en agosto de 2021, los talibanes impusieron rápidamente una serie de restricciones dirigidas principalmente contra las mujeres y las niñas, algo que la ONU calificó como un “apartheid de género”. A pesar de haber prometido un gobierno menos estricto que durante su primer mandato (1996-2001), las mujeres afganas se vieron excluidas de muchas esferas de la vida pública.
El régimen decretó la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, vigente desde agosto de 2024, que estipula que las voces femeninas solo pueden ser escuchadas “en casos de necesidad”. Las mujeres también tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria, trabajar en actividades humanitarias, y enfrentan severas restricciones en su vestimenta y en su movilidad.
Como consecuencia, en Afganistán las mujeres no pueden asistir a parques, gimnasios, ni salones de belleza. Además, están prohibidas de cantar o declamar poesía, y deben cubrirse completamente al salir de sus hogares. La opresión de las mujeres está enmarcada dentro de una interpretación ultrarrigorista de la ley islámica, que también limita su participación en la vida cultural y social.
Una condena en pausa
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó las órdenes de arresto en enero, aunque los jueces no las aprobaron hasta este martes tras un exhaustivo análisis de las evidencias presentadas. Según el tribunal, las políticas de los talibanes resultaron en violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas “actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas”.
Como organismo internacional competente en crímenes de guerra y lesa humanidad, la CPI depende de la cooperación de los países miembros para ejecutar sus órdenes de arresto. A pesar de la falta de una fuerza policial propia, cualquier persona que esté bajo orden de arresto de la CPI no podrá ingresar a un país miembro del tribunal sin ser detenida, en teoría.
A pesar de que las órdenes de arresto representan un avance en la lucha contra la impunidad, su efectividad sigue dependiendo de la voluntad política de los Estados miembros para garantizar que los responsables de estos crímenes rindan cuentas.
Cortesía de Página 12
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