
Se atribuye al presidente Juárez la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”, pero ¿qué pasa con todos los derechos cuando entre ellos se afirma y defiende el derecho a no respetar tales o cuales derechos? Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho al libre tránsito, el derecho a la privacidad, el derecho a la conservación de la propia integridad o a la conservación del patrimonio personal o social.
Hace unas semanas, en la Ciudad de México, el derecho a manifestarse incluyó no solamente, como es costumbre, el derecho a destruir o dañar el patrimonio de todos, como son las vías públicas y el mobiliario urbano, sino que incluso dejó la puerta libre a los asaltos de joyerías y otros comercios, cuyas cortinas fueron derribadas a martillazos y saqueadas sus mercancías. Toda vez que tales acciones fueron permitidas por la pasividad de las autoridades y el nulo proceso a sus autores, a lo que se ve el derecho a robar ha sido aprobado, siempre y cuando ocurra dentro de una legítima manifestación; ahora sí que el “2 de octubre” no se olvidará, ni ninguna otra efeméride por venir. ¿Y cómo se podría evitar? Ni todas las fuerzas policiales de la Ciudad de México bastarán para proteger a la ciudadanía de estos saqueos, mucho menos ahora que se vieron posibles y, como de costumbre, impunes.
Inicialmente se pensaba que la violencia en este tipo de manifestaciones tenía mucho que ver con el fracaso del estado de derecho, con la corrupción en la impartición de justicia, con la frustración social ante los abusos y tropelías de que es víctima la gente por parte del gobierno, ahora o en el pasado, por lo menos el que se remonta a 1968; es decir, la impunidad y la impotencia producen resentimiento y van acumulando fuerzas negativas que estallan en las manifestaciones como una forma de desquite contra el estado, pero también en contra de medio mundo porque ese otro medio mundo no se involucra en sus luchas o incluso las desautoriza, situación que explica que actualmente muchos movimientos sociales tengan una especie de brazo armado, cabeza encapuchada y mochilas “cargadas”, de modo que, mientras los manifestantes gritan consignas, el brazo armado hace pintas, destruye a martillazos lo que le venga en gana, agrede a policías de por sí tan mal pagados y, cada vez más, asalta, saquea y roba. Los organizadores de marchas y manifestaciones podrán luego decir que fueron “infiltrados”, que no saben quiénes son ni quiénes los mandan, que se deslindan por completo, pero otros dirán también que es su “derecho” destruir y aplastar los símbolos del “patriarcado”, y que eso de que el respeto al derecho ajeno es la paz ya no vale porque quien lo dijo era un vulgar y detestable “patriarca”. Ahora vivimos en una sociedad seriamente enemistada que supera con creces cualquier polarización política o ideológica, de ahí que tanta gente esté dispuesta a liarse a golpes en cualquier lugar y por cualquier motivo.
¿Es responsable el gobierno? Depende de lo que los gobernantes estén entendiendo por gobernar. Si su trabajo se reduce a ser cuidadores de manifestantes y vándalos, no solo es inocente, hasta deberían premiarlo por cumplir con este deber. Pero si, como parece, el gobierno se ha dedicado a evitarse problemas, a no arriesgar votos en la próxima elección o simplemente ignora cómo se organizan estos actos delictivos, y lo que es peor, ni sabe prevenirlos ni puede evitarlos, entonces ya no sabemos para qué sirve o en qué tipo de embrollo se ha convertido la sociedad y sus derechos, que maniatan las buenas prácticas y sueltan las peores.
Cortesía de El Informador
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