Esta semana vivimos uno de los paros agrícolas más importantes de los últimos años. Miles de productores de maíz, sobre todo del Bajío, bloquearon carreteras y la capital para exigir respuestas al colapso de la rentabilidad agrícola. Tras días de tensión y negociaciones, se acordó que estados y federación pagarán 950 pesos por tonelada como apoyo complementario. Pero el problema de fondo sigue sin resolverse. Gran parte del campo mexicano está atrapado entre mercados internacionales, distorsiones económicas domésticas, discursos etno-nacionalistas y el desmantelamiento de políticas públicas que antes ayudaban.
El precio del maíz nacional no se define en México; lo determina el Chicago Mercantile Exchange. El T-MEC establece que el grano mexicano se referencia a esa cotización internacional, donde el maíz amarillo y blanco responden a la oferta y demanda globales. Esto ha generado una caída brutal: de más de 7,000 pesos por tonelada al inicio de la guerra Rusia-Ucrania en 2022 a 3,200-5,000 pesos en 2025.
Esta reducción de más del 50% no refleja los costos reales de producción. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el costo de producción creció cerca del 50% en cinco años, mientras los precios colapsaron entre 30 y 50% desde los máximos de 2022. Hoy los costos van de 21,330 pesos por hectárea en temporal a 42,267 pesos en riego. Con precios de mercado de 4,800-5,000 pesos por tonelada, los productores solo recuperan cerca del 50% de su inversión.
El superpeso agrava la crisis. Un tipo de cambio apreciado abarata las importaciones de maíz estadounidense, dificultando la competencia para el productor nacional. La agricultura por contrato, que funcionaba razonablemente y era menos costosa para el erario, se vuelve insostenible cuando los precios de referencia caen por debajo de los costos básicos.
Los agricultores exigieron un precio de garantía de al menos 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco y la exclusión del maíz del T-MEC para evitar competencia desigual frente a importaciones subsidiadas. El acuerdo quedó en 950 pesos de apoyo complementario por tonelada (800 federales, 150 estatales) para 90,000 productores del Bajío con hasta 20 hectáreas, elevando el precio efectivo a unos 6,150 pesos. Se eliminó el precio base fijo de 5,200 pesos para permitir negociación directa con la industria.
La realidad es fría. El programa de Precios de Garantía y los apoyos oficiales solo benefician a una minoría; el grueso depende de contratos con grandes empresas y sin protección pública. Este año México será el mayor importador mundial de maíz, perdiendo autosuficiencia histórica y dejando la seguridad alimentaria en manos del exterior.
El problema estructural es la productividad. La agroindustria en Sinaloa y Sonora apenas logra competir. Pequeños productores con 10 hectáreas nunca podrán competir con miles de hectáreas en Iowa, con mejor tierra, tecnología, riego garantizado y subsidios.
Hay que ser honestos: el modelo de pequeñas parcelas es insostenible económicamente. O lo subsidiamos —opción válida si valoramos la diversidad del maíz y la preservación cultural— o reformamos el campo para hacerlo productivo mediante consolidación, tecnificación y economías de escala. Ambas opciones tienen un costo fiscal alto, y el espacio fiscal cada vez se reduce más. El acuerdo alcanzado es un parche temporal que evita el colapso inmediato, pero no resuelve la ecuación de fondo: costos domésticos crecientes frente a precios internacionales decrecientes en un tratado que no permite proteccionismo.
Cortesía de El Economista
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