“En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan.”
Étienne Bonnot de Condillac
I. En México los mediadores y otros profesionales de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) han enfrentado un asedio constante que se intensificó con la expedición de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (LGMASC) al imponer medidas para obstaculizar, restringir y, en la práctica, asfixiar su ejercicio profesional. Recientemente ese hostigamiento se amplió por virtud de las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida coloquialmente como “ley antilavado”, que los sumó a la lista de fedatarios públicos que realizan actividades vulnerables.
En enero de 2014 el autor de estas líneas, en su condición de Director General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consultó formalmente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para saber si los actos de los mediadores públicos y privados eran considerados actividades vulnerables conforme a “ley antilavado”. En la respuesta oficial se indicó que teniendo en cuenta las atribuciones de fedatarios públicos que otorga la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal a los mediadores públicos y privados, no se trataba de actividades vulnerables y, por lo tanto, no les era aplicable la “ley antilavado”.
Sin embargo, el propósito de someter a las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la LGMASC a la “ley antilavado” persistió, tal y como consta en su artículo 98 al establecer que los convenios firmados por las partes y suscritos por mediadores y por los demás profesionales de los MASC deberán de cumplir con las obligaciones establecidas en la “ley antilavado”, sin que esta disposición listara alguna actividad vulnerable a cargo de esos profesionales.
Como se expuso en nuestra anterior colaboración, en el actual periodo extraordinario de sesiones se atendían las modificaciones de alto impacto a la “ley antilavado”, mismas que ya fueron aprobadas. Esas modificaciones amplían la relación de entes vulnerables y de facultades discrecionales. Habilita a las autoridades a acceder a todo tipo de datos financieros sin que exista orden judicial; en un contexto nacional de inseguridad asigna a la Guardia Nacional tareas de inteligencia financiera, es decir también se militariza el control en este ámbito, lo que podrá derivar en excesos y abusos de poder en perjuicio de la ciudadanía.
La inclusión de mediadores y de los demás profesionales de los MASC en la lista de fedatarios públicos que intervienen en la realización de actividades vulnerables les obliga a reportar actividades que NO les competen, se trata de actividades a cargo de notarios. Con estas modificaciones a la “ley antilavado” se pone a las personas facilitadoras en una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos de elementos de la UIF ante la imposibilidad avisar sobre actividades vulnerables que no realizan.
II. Precisamente cuando se gestaba la reforma a la “ley antilavado” el gobierno estadounidense lanzó una seria acusación: dos bancos y una casa de bolsa mexicanos estaban implicados en lavado de dinero para el narcotráfico. La conexión de la casa de bolsa con el exjefe de la oficina del expresidente añadió un matiz significativo. La UIF tenía conocimiento de esa situación desde el año pasado con lo que se sospecha de encubrimiento oficial y de una aplicación selectiva de la normativa. A pesar de la contundencia de las acusaciones, la reacción defensiva de las autoridades mexicanas fue desproporcionada, casi como si se tratara de una violación a la soberanía. Estos señalamientos no sólo socavan la narrativa oficialista, también generan desconfianza en el sistema financiero mexicano al sugerir que el lavado de dinero del crimen organizado ocurre con la complacencia de las autoridades.
III. No se puede ignorar que el periodo extraordinario de sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión se ha caracterizado por un total desaseo y desorden en el que se impone el mayoriteo oficialista, haciendo alarde de la sumisión a la presidenta, de tal suerte que han sido aprobados -a ciegas- abultados dictámenes distribuidos horas antes de cada sesión. De esa forma el oficialismo avanza en las modificaciones al marco legal mexicano que otorga un control absoluto al gobierno para vigilar a los ciudadanos en diversos aspectos de su vida cotidiana; para aumentar la militarización, e imponer la censura, entre otras novedades. Esas disposiciones ponen en riesgo la libertad, la privacidad y los derechos fundamentales de todos.
IV. Resulta oportuno conocer el reporte de los índices mundiales del estado de Derecho que realiza la organización World Justice Project. Para obtenerlos se analizan y evalúan, de cada país, los factores directamente vinculados al estado de Derecho tales como restricciones al ejercicio del poder gubernamental; corrupción; respeto a los derechos fundamentales; orden; seguridad, y justicia, entre otros. En el reporte de 2018 México ocupó el sitio 92 y en el más reciente -de 2024- había retrocedido 39 posiciones, ocupando ahora el sitio 131. Ese drástico descenso se debe al debilitamiento de los factores evaluados. Estamos por detrás de Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, y Paraguay.
Con la demolición institucional, la reforma judicial y la restricción a los derechos fundamentales es previsible que en la próxima evaluación México obtenga una peor calificación, equiparándose a gobiernos autoritarios.
Estamos inmersos en una espiral descendente que, inevitablemente, cobrará un alto precio.
V. A nueve meses del actual gobierno es desalentador advertir que la transformación tiene como efectos una menor competitividad y atractivo del país; el abandono a la aspiración del crecimiento económico; al pluralismo; a la modernidad, y al desarrollo tendentes a mejorar la calidad de vida para todos. A cambio de ello se diluyen las libertades y se prioriza el ganar elecciones manipulando la voluntad popular con paliativos del “bienestar” y de los resultados electorales.
El radical giro que toma el país no parece preocupar a nadie. La generalizada apatía y dejadez son el caldo de cultivo para esta nociva transformación.
* El autor es abogado, negociador y mediador.
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Cortesía de El Economista
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