“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa.” Abraham Lincoln
La justicia se bifurca en dos grandes ramas: la heterocompositiva o adversarial, que recae en tribunales, juzgadores y árbitros; y la autocompositiva o consensuada, que corresponde a las propias personas involucradas en un conflicto o controversia, quienes, para gestionarlo, resolverlo o prevenirlo, cuentan con el apoyo de profesionales calificados, principalmente mediadores.
En el México contemporáneo, el movimiento de adopción de mecanismos pacíficos de solución de controversias legales -en especial la mediación- antecede a las reformas de los artículos 17 constitucional, de 2008, y del 73, de 2017, así como a la reciente y controvertida reforma judicial. Este movimiento emergió desde las entidades federativas en 1997 y, en más de un cuarto de siglo, ha dado lugar a la construcción de un sistema mexicano de mediación. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, promulgada en 2024, representa un avance significativo, aunque aún está lejos de consolidar el andamiaje legal completo de dicho sistema.
En el contexto de esta nueva etapa de la administración de justicia, marcada por la reforma judicial aderezada con ritos violatorios del Estado laico -que ha implicado el inicio de funciones de nuevos juzgadores, muchos sin formación ni experiencia judicial; la salida de personal altamente calificado; la frívola designación de personal en la Suprema Corte, y una capacitación improvisada de nuevos juzgadores- resulta urgente reforzar el acceso a la justicia mediante la mediación y los demás mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).
Para ello es indispensable adicionar el artículo 17 constitucional, tomando como referencia el apartado A del artículo 123 que establece la obligación de acudir previamente a la instancia conciliatoria en materia laboral. De manera análoga, las partes involucradas en asuntos de justicia cotidiana deberán intentar la mediación o algún otro MASC como requisito previo al juicio.
Esta fórmula permitiría racionalizar el uso de los servicios judiciales, promoviendo un aprovechamiento intensivo de los MASC, especialmente de la mediación. De prosperar esta propuesta -también respaldada por la Ministra Loretta Ortiz, mediadora certificada- se fomentaría la participación activa de la sociedad civil y se capitalizarían las ventajas de estos mecanismos frente a los procedimientos judiciales formales, tales como:
- Uso de un lenguaje accesible.
- Flexibilidad procedimental, que permite adaptarse a las circunstancias y a las personas.
- Preservación de las relaciones entre las partes, en lugar de su deterioro.
- Generación de acuerdos creativos.
- Control de las partes sobre sus intereses y sobre el proceso en su totalidad.
- Menor costo económico, temporal y emocional en comparación con un juicio.
Estas características suponen, además de alejarse de los paradigmas tradicionales que fomentan el litigio como único mecanismo para resolver conflictos, una posibilidad real para que los poderes judiciales no caigan en un cataclismo por la rotación de juzgadores y de personal calificado.
Tómese en cuenta que la eficacia de la mediación está respaldada por datos oficiales: más del 90% de los convenios derivados de este procedimiento se cumplen.
El acceso a la justicia puede y debe fortalecerse mediante la expansión y consolidación de la mediación y de los demás MASC. En una sociedad donde el conflicto forma parte de la normalidad, estos mecanismos representan una opción idónea para prevenir, gestionar y superar controversias, siempre que sean confiables, eficaces, oportunos, expeditos y transparentes.
Su adecuada implantación contribuye a mitigar la desconfianza, reducir la tensión social y prevenir la violencia.
México se beneficiaría enormemente al fortalecer y aprovechar más intensivamente la mediación y los MASC, apostando por una cultura del diálogo, del consenso y del acuerdo en todos los ámbitos de interacción social. Esta apuesta es clave para construir relaciones más sanas y sostenibles, y para hacer realidad la cultura de la paz.
*El autor es abogado, negociador y mediador.
X: @Phmergoldd
Cortesía de El Economista
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