“La movilidad social es un desafío que requiere políticas públicas eficaces.” Jessica Corpas Figueroa
En la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, aplicada por el INEGI, se indica que la población en condición de pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas en el periodo de 2018 a 2024. Que siga bajando la pobreza es algo que debe reconocerse, sobre todo si se alcanzaron las tasas más altas de abatimiento de pobreza desde que existen registros oficiales. Esta reducción coincide con políticas como incrementos al salario mínimo para trabajadores formales y las transferencias monetarias de los programas del Bienestar, lo que impactó en una mayor disponibilidad de recursos económicos para amplios sectores de la población. Ello ocurrió en el periodo del más bajo crecimiento del PIB de los últimos 35 años en México.
Sin embargo, esos datos ocultan rezagos importantes que no reflejan un cambio estructural en el modelo de desarrollo.
De acuerdo con el CONEVAL -institución demolida por el oficialismo- la tendencia a la baja en los niveles de pobreza no es una novedad.
La metodología aplicada por el INEGI en la encuesta es distinta a la diseñada por el propio CONEVAL. Al ser modificadas las preguntas los resultados no son directamente comparables con mediciones anteriores.
A diferencia de los avances registrados entre 2012 y 2018, los reportes de 2018 a 2024 no reflejan una mejora integral. Persisten -e incluso se han agravado- carencias sociales fundamentales. Por ejemplo, actualmente 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios públicos de salud. Entre 2018 y 2024, 24.4 millones perdieron dicho acceso y, en muchos casos, ni siquiera contaron ni cuentan con medicamentos.
La entrega de dinero público a través de las Pensiones del Bienestar carece de objetivos estructurales para modificar los patrones de pobreza al no estar acompañada de políticas complementarias en educación, salud o capacitación laboral. Además, estos recursos no provienen mayoritariamente de la generación de riqueza interna sino de un alarmante incremento de la deuda pública. Por ello, ese reparto de dinero representa un alivio actual hipotecando el futuro.
La distribución de dinero público, bajo la bandera de la transformación, desalienta el trabajo, afecta la productividad y promueve el consumo sin generar capacidades, se convierte en un mecanismo clientelar orientado a inducir el voto. Esta estrategia, financiada mediante endeudamiento, ignora que la productividad no se alcanza repartiendo dádivas.
Mientras los beneficiarios de los programas del Bienestar sigan satisfechos con los recursos que reciben, parece que las demás carencias y abusos del oficialismo pueden ser tolerados.
¿Qué pasará cuando no haya dinero qué repartir?
El abatimiento de la pobreza es un factor relevante -aunque no el único- para avanzar hacia la movilidad social, entendida como la capacidad de las personas para mejorar su posición socioeconómica a lo largo del tiempo.
Una política de bienestar verdaderamente responsable y de largo aliento debe orientarse a fomentar una movilidad social positiva y generalizada, de modo que más mexicanos tengan la capacidad real y sostenible de mejorar su posición socioeconómica. Para ello, es indispensable superar los obstáculos estructurales mediante el diseño e implantación de programas eficaces en educación, salud y empleo, principalmente.
La movilidad social no ocurre de manera inmediata y debe estar sustentada en una política pública que considere factores clave como el acceso a una educación de calidad; oportunidades económicas y generación de empleos formales; programas sociales que faciliten el ascenso económico, y servicios públicos de salud de calidad y suficientes.
Una política de movilidad social positiva, implica resistencia, perseverancia y la habilidad de continuar y, a cambio, puede generar efectos saludables en el tejido social y en la cultura de la paz, como mayor cohesión social, percepción de justicia, reducción de tensiones, una auténtica igualdad de oportunidades y una convivencia armónica.
* El autor es abogado, negociador y mediador.
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Cortesía de El Economista
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