La presidenta Sheinbaum ha enviado mensajes contradictorios sobre la CURP biométrica. Mientras la Ejecutiva Federal ha declarado en la conferencia matutina que dar los datos para la expedición de la Clave Única de Registro de Población “es opcional”, la realidad jurídica es contundente: la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, establece de manera explícita que la CURP con datos biométricos será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal en todo el territorio nacional.
No hay duda: tener, tramitar y habilitar la CURP biométrica sí es obligatorio. Los artículos 91 Bis y 91 Sexies son claros: todo ente público y privado deberá solicitarla para prestar servicios o realizar trámites. La autoridad o particular que incumpla será sancionado con multas de entre 10,000 y 20,000 UMA (más de 270,000 a más de 540,000 pesos).
La ley no sólo obliga, también fija un calendario preciso que desmiente las declaraciones presidenciales.
14 de octubre de 2025: fecha límite (90 días naturales desde la publicación en el DOF) para que la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, desarrolle la Plataforma Única de Identidad. En esa misma fecha, todas las dependencias y entes privados deberán adaptar sus sistemas para usar la CURP biométrica en trámites y servicios.
13 de noviembre de 2025: límite de 120 días naturales para implementar el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes. Este proceso es especialmente crítico porque implica recabar información sensible de menores de edad en ausencia de un órgano autónomo como el extinto INAI que tutele los datos personales y la privacidad.
Los plazos perentorios significan que, en menos de cinco meses, millones de ciudadanos deberán someterse a un esquema de identidad digital obligatorio, mientras los gobiernos estatales y municipales tendrán que invertir recursos, personal y tecnología para migrar sus sistemas de verificación a la Plataforma Única de Identidad.
La reacción política no se ha hecho esperar. El Partido Acción Nacional (PAN) anunció amparos colectivos contra el “paquete de leyes espía”, incluida la recopilación masiva de datos biométricos. Algunos jueces federales ya concedieron las primeras suspensiones provisionales a ciudadanos que alegan violación a su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Aquí aparece un escenario novedoso: tras la elección popular de jueces, magistrados y ministros, los nuevos integrantes del Poder Judicial enfrentarán amparos en los cuales deberán resolver la tensión entre tres fuerzas.
El pueblo, que no todas las personas quieren entregar sus datos biométricos sin garantías. El gobierno de la 4T, que impulsó tanto la CURP biométrica como la elección judicial. La Constitución, que protege los derechos fundamentales a la privacidad y a la autodeterminación informativa.
¿Qué ocurrirá si la ciudadanía inconforme impugna un proyecto promovido por el mismo gobierno que la llevó a votar por magistrados y ministros? ¿Pesará más la legitimidad popular de los jueces o la disciplina política hacia el Ejecutivo?
La implantación de una identidad digital biométrica universal es un desafío monumental en términos de infraestructura y presupuesto.
Se requieren bases de datos interoperables, almacenamiento en la Nube gubernamental soberana, redundancia para evitar caídas del sistema. La ley no especifica estándares mínimos de ciberseguridad, lo cual deberá contemplarse en un reglamento a publicarse antes del 14 de octubre.
También se requiere equipamiento en campo, o sea, dispositivos para capturar huellas, fotografías y reconocimiento facial en los espacios públicos asignados y en módulos itinerantes. El presupuesto también involucra inversión en hardware, software, conectividad, mantenimiento y ciberdefensa. ¿El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla estas erogaciones?
La identidad debe ser permanente. Un sistema de identificación biométrica no puede quedar sujeto a vaivenes sexenales. Requiere planeación de largo plazo, protocolos de actualización tecnológica y una arquitectura de datos que permita preservar y consultar la información por décadas en tiempo real.
Durante 30 años, la credencial para votar con fotografía fue el documento de facto de identidad en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la base de datos biométrica más robusta del país, con fotografías, huellas y firmas de más de 97 millones de ciudadanos.
¿Se le forzará al INE (todavía autónomo) a transferir esa información al Registro Nacional de Población? La ley establece que sólo podrá hacerse con consentimiento del titular, pero la presión política para hacerlo será inmensa. Además, está preparándose una reforma electoral que podría obligar y legalizar la transferencia y/o compartición de la base de datos del Registro Nacional de Electores.
Si la ciudadanía empieza a usar la CURP biométrica para trámites bancarios, comerciales, notariales o gubernamentales, la credencial del INE quedará relegada, debilitando indirectamente la actualización del padrón electoral. La democracia mexicana no puede arriesgarse a que el registro electoral se desactualice por la irrupción de un nuevo documento obligatorio de identidad.
La CURP biométrica sí es obligatoria, pese a las declaraciones tranquilizadoras de la Presidenta. Sin embargo, se enfrenta a una tormenta perfecta: resistencia ciudadana, amparos judiciales, falta de previsión presupuestaria, vacíos en ciberseguridad y tensiones con el INE.
La pregunta es provocadora: en la disputa por la CURP biométrica, ¿quién ganará? ¿El pueblo que no quiere entregar sus datos? ¿El gobierno que apuesta por una identidad única y obligatoria? ¿La Constitución que garantiza la protección de la privacidad? ¿Qué resolverán los ministros electos por el pueblo? Esta historia continuará…
Cortesía de El Economista
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