Delfina de la Cruz confiesa su frustración tras once años sin saber de su hijo, uno de los 43 estudiantes de la localidad mexicana de Ayotzinapa desaparecidos presuntamente por narcotraficantes en complicidad con autoridades.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 mientras se desplazaban en autobuses, por el estado de Guerrero (sur), para participar en una movilización en Ciudad de México.
“Estamos como al principio”, dijo la mujer durante una multitudinaria marcha este viernes en Ciudad de México, que conmemoró la desaparición de los alumnos de una escuela de profesores.
Aunque decenas de personas han sido procesadas, el caso está en la impunidad: solo han sido encontrados restos de tres estudiantes, no hay condenados y se ignora el paradero del resto de los jóvenes.
“Yo quiero ver a mi hijo, (saber) qué es lo que pasó, dónde está, si ya no está”, añadió la mujer, quien encabezó la protesta junto con madres de otras víctimas.
En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes.
También han sido procesados un antiguo fiscal general y varios militares, estos últimos por presunta omisión.
Familiares de los alumnos aseguran que la responsabilidad de esos uniformados va más allá de incumplir sus funciones y acusan al Ejercito de ocultar información.
El jueves, un grupo de manifestantes derribó con un camión la puerta de una unidad militar en la capital mexicana, en el marco de otra protesta por el caso Ayotzinapa.
La movilización de este viernes estuvo marcada por múltiples expresiones de desesperanza.
Bajo la lluvia, el profesor jubilado Jesús Gumaro, quien se sumó espontáneamente a la marcha, sostiene una pancarta que critica al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y a su sucesora, Claudia Sheinbaum, por no “aclarar el crimen”.
“Teníamos la esperanza de que se aclarara, pero no hay nada de eso”, afirma el profesor universitario de 66 años.
López Obrador impulsó una nueva investigación del caso, que desmintió la versión del anterior gobierno de que los jóvenes habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas a un río en el estado de Guerrero (sur).
Ambas pesquisas coinciden en que los jóvenes fueron secuestrados y asesinados por el cártel Guerreros Unidos, coludido con policías municipales.
México acumula más de 120,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles con participación militar.
Cortesía de El Economista
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