Cifras preliminares apuntan a que en el tercer trimestre el crecimiento del PIB nuevamente será negativo; en el año que acabó en septiembre, el empleo formal (IMSS) sumó 90,000 nuevas plazas, periodo en el que solía acumular alrededor de 700,000; los patrones registrados en el IMSS fueron 25,000 menos (20,000 de hasta 5 empleados); el INEGI reporta una caída de la formalidad laboral a agosto y una grave reducción en la participación (2 millones de personas); la confianza empresarial y el momento adecuado para invertir siguen en terreno negativo en todos los sectores encuestados desde marzo pasado y 2024, respectivamente; la inflación subyacente sube; y la lista se alarga. Prácticamente, solo las exportaciones son dinámicas.
No obstante, el gobierno parece no inquietarse. Sigue diciendo que la economía va muy bien, sin sustento. Solamente se anunció una convocatoria para impulsar la inversión en el sector energía mediante “planeación vinculante”, bajo el principio de prevalencia (54% de electricidad por parte del Estado). Una señal de apertura bienvenida, pero con incertidumbre regulatoria y presupuestaria y opacidad. Y el Plan México es más discurso que acciones concretas.
La mayoría de las políticas no contribuyen a la inversión y el crecimiento en el corto o largo plazos. Por ejemplo: la reforma judicial y la elección de los miembros de ese poder; la reforma a la ley de amparo; el descuido de la inversión pública, el deterioro de la salud y la educación, la desatención a la seguridad pública cotidiana —y los recursos para estas áreas—; la tibia facilitación de la inversión en energía; y la falta de prevención y de fondos precautorios ante catástrofes.
La Ley de Ingresos para 2026 incluye diversas medidas que no ayudan a la inversión y el desarrollo de las empresas (pequeñas principalmente) e impuestos y cobros que, paradójicamente, perjudican a los de menores recursos al no estar vinculados a los ingresos de los contribuyentes. El endeudamiento público (1.78 billones de pesos) casi duplica la inversión física, y se asigna a proyectos sin evaluaciones transparentes y comprobables de beneficio/costo social: irresponsable de acuerdo con las buenas prácticas universalmente aceptadas de prudencia fiscal y la ley de presupuesto.
Las políticas indican que el gobierno no le da importancia al estado de la economía y sus perspectivas, o que confía en que una negociación comercial “favorable” con EU será suficiente, pero no es así. El crecimiento dependerá principalmente de la inversión productiva y de condiciones favorables como la seguridad de energía. Por bueno que sea el acuerdo entre gobiernos, es necesario que la inversión productiva florezca.
El indicador de éxito del régimen no es el crecimiento económico, aunque sea claro, obvio y ampliamente comprobado que este es condición necesaria para el mejoramiento del bienestar social y el abatimiento de la pobreza de manera perdurable.
La métrica de desempeño de Sheinbaum es la popularidad, como fue con AMLO. Normal en cualquier régimen, pero perverso cuando se hace a costa del crecimiento económico y las oportunidades de la población; pone en grave riesgo la sostenibilidad fiscal y, con ello, al bienestar social.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: